• El Gobierno y el campo inician contactos por las retenciones

    El Gobierno nacional avanzó ayer en diferentes líneas de contacto con el empresariado de la industria, el comercio y el sector agropecuario, tanto para comenzar a discutir eventuales cambios tributarios como para ampliar la base de apoyo de cara a los dos principales objetivos del corto plazo: negociar con los acreedores externos y aliviar el impacto de la crisis en los sectores más necesitados. En ese escenario, donde se juegan detalles clave del paquete de leyes de emergencia que impulsa Alberto Fernández, uno de los puntos destacados pasa por la posibilidad de que se produzcan modificaciones en las retenciones a las exportaciones agropecuarias. La Mesa de Enlace, que nuclea a las principales organizaciones del campo, mantuvo contactos con el flamante ministro del área, Luis Basterra. Coninagro, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (Cartez) y la Federación Agraria le enviaron una carta a Basterra para pedirle una reunión, pero también, en un marco de cautela, se produjeron los primeros contactos entre las partes. Si bien la misiva remitida a Basterra insiste con los 14 puntos que impulsa el sector, donde se expresa una fuerte resistencia a que se suban retenciones, desde la Rural se alentó la posibilidad de cambiar este impuesto a las exportaciones por un mecanismo donde el productor tribute sobre sus beneficios netos. A través de distintos medios de comunicación, hubo dirigentes que apoyaron las definiciones trazadas por el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque advirtieron que en las bases los productores rechazan cualquier suba de la presión fiscal. Uno de ellos fue Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, quien avaló el perfil productivo que Guzman pretende darle a la política económica. Pero, al mismo tiempo, advirtió: “En este contexto no hay lugar para retenciones. ¡Cómo lo va a haber si hay una situación de cierre de empresas, no hay créditos y la presión tributaria se lleva 60 de cada 100 pesos producidos!”, expresó. “Lo del ministro a nosotros nos da un gran alivio porque se está pensando en la producción. Aquí el esquema es ese: cómo vamos a producir más, a lograr la soberanía alimentaria, a poder desarrollar las economías regionales para lograr un desarrollo local y un arraigo familiar, para expandir el país y no achicarlo como ha sucedido. Entonces, a partir de un diagrama financiero, monetario y tributario, luego se habla del tema impositivo”, dijo Iannizzotto. También Javier Rotondo, de Cartez, valoró las intenciones del Gobierno, como facilitar el acceso de los sectores de menores recursos a la carne, pero fue claro en el rechazo a un incremento en las retenciones. “El margen de tolerancia del productor es cero”, aseguró, y agregó que las retenciones representan “una transferencia directa de recursos y de la renta de un sector (el agropecuario) al Estado porque no tiene ninguna contraprestación ni devolución”, explicó. Otras fuentes del sector consideraron improbable –ante una consulta de La Voz– que el Gobierno vaya a aceptar una conversión de las retenciones en un mayor impuesto a las ganancias netas. El razonamiento es simple: con las primeras, el Estado cobra el impuesto apenas se produce la venta. En el segundo caso, debe esperar y controlar las declaraciones juradas de los productores. Así las cosas, parte de la postura oficial podría estar en el paquete de leyes económicas para la emergencia, pero hasta anoche esa iniciativa oficial no había sido comunicada ni enviada al Congreso de la Nación para su tratamiento. En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, obtuvo ayer un contundente apoyo de parte de uno de los popes de la industria argentina, Paolo Rocca. “Vamos a colaborar y hacer todo lo posible para que este Gobierno tenga éxito”, le expresó el presidente y CEO de Techint en el marco del seminario ProPymes organizado por el holding siderúrgico. Kulfas y Rocca (en su momento procesado en la causa de los cuadernos) convergieron en ese escenario, con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, entre los asistentes en primera fila. “Nuestro compromiso es pleno, tiene nuestro aval para poner en marcha los motores industriales. Vamos a hacer todo lo posible para que el nuevo gobierno tenga éxito. Le deseo la mejor suerte en el desafío que tiene por delante”, le dijo Rocca sin titubeos. En la misma jornada, Kulfas se reunió con la Asociación de Supermercados Unidos para hablar sobre los aumentos de precios registrados en noviembre y que empujaron la inflación al 4,3 por ciento, la prórroga del programa Precios Cuidados y el lanzamiento de una canasta navideña. Cristina pidió por una nueva coparticipación A las puertas de la Catedral de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, la vicepresidenta Cristina Fernández instó ayer a todo el arco político a iniciar una discusión ordenada por la reforma constitucional de 1994 para barajar y dar de nuevo la Coparticipación Federal de Ingresos Públicos. “Existe una asignación tan irracional, profundamente injusta e inequitativa que genera un desarrollo desigual en el país. Esta es una de las claves para abordar los dilemas a cerca de porqué razón algunos viven tan bien en la Argentina y otros tan mal”, dijo. Cristina fue hasta San Justo para participar de la asunción como intendente de Fernando Espinoza, quien sucede a Verónica Magario, vicegobernadora de Buenos Aires. Estuvieron gobernadores del PJ como Juan Manzur, Gustavo Bordet y Gildo Insfrán. Al tomar el micrófono, la vicepresidenta afirmó que uno de los temas en los que hay que avanzar en “esta nueva etapa” para que el país sea “un poco más justo” es rediscutir la asignación de los recursos coparticipables. “Hay que distribuir los recursos con mayor equidad. La Argentina desde su nacimiento ha concentrado cada vez más la riqueza en la Capital Federal, mientras la periferia tiene pobreza estructural”, se quejó. En ese sentido, precisó que La Matanza tiene 325 kilómetros cuadrados y 2,4 millones de habitantes, con un presupuesto de 10 mil millones de pesos, mientras que la Capital Federal, con 202 kilómetros cuadrados y casi la misma población, tiene un presupuesto de 350 mil millones de pesos. Cristina Fernández. Pidió otra distribución de los ingresos. Apoyo. Paolo Rocca, CEO de Techint, manifestó su respaldo a Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. (Clarín) Cristina Fernández. Pidió otra distribución de los ingresos.

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Pero, al mismo tiempo, advirtió: “En este contexto no hay lugar para retenciones. ¡Cómo lo va a haber si hay una situación de cierre de empresas, no hay créditos y la presión tributaria se lleva 60 de cada 100 pesos producidos!”, expresó. “Lo del ministro a nosotros nos da un gran alivio porque se está pensando en la producción. Aquí el esquema es ese: cómo vamos a producir más, a lograr la soberanía alimentaria, a poder desarrollar las economías regionales para lograr un desarrollo local y un arraigo familiar, para expandir el país y no achicarlo como ha sucedido. Entonces, a partir de un diagrama financiero, monetario y tributario, luego se habla del tema impositivo”, dijo Iannizzotto. También Javier Rotondo, de Cartez, valoró las intenciones del Gobierno, como facilitar el acceso de los sectores de menores recursos a la carne, pero fue claro en el rechazo a un incremento en las retenciones. “El margen de tolerancia del productor es cero”, aseguró, y agregó que las retenciones representan “una transferencia directa de recursos y de la renta de un sector (el agropecuario) al Estado porque no tiene ninguna contraprestación ni devolución”, explicó. Otras fuentes del sector consideraron improbable –ante una consulta de La Voz– que el Gobierno vaya a aceptar una conversión de las retenciones en un mayor impuesto a las ganancias netas. El razonamiento es simple: con las primeras, el Estado cobra el impuesto apenas se produce la venta. En el segundo caso, debe esperar y controlar las declaraciones juradas de los productores. 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Interurbanos: no hubo acuerdo y Aoita confirmó el paro de transporte

El transporte interurbano de pasajeros no prestará servicios durante toda la jornada de hoy luego de que el gremio de Aoita, que agrupa a los choferes de esa rama de la actividad, decretara desde el primer minuto de este viernes un cese de actividades por 24 horas ante el fracaso de las negociaciones en el marco de la paritaria salarial. Después de más de 10 horas de negociaciones en las que participaron el sindicato y la cámara empresarial Fetap, bajo el monitoreada de la Secretaría de Transporte provincial, el gremio informó anoche de la concreción del paro. En una asamblea que se desarrolló pasadas las 23, en la que se puso a consideración una oferta de 25 por ciento pagadero en tres cuotas (a cobrar en enero, febrero y marzo), los delegados consideraron insuficiente la propuesta y decretaron la medida de fuerza. Tras el fracaso de las negociaciones, desde Transporte provincial se informó a La Voz que las tratativas continuarán en la jornada de hoy, aunque consideraron que será “muy difícil” que los empresarios eleven una propuestas superadora a la elaborada ayer. “No sabemos con qué subsidios vamos a poder contar en los próximos meses. Son muchas las incertidumbres, y la oferta de los empresarios trató de ser responsable”, agregaron desde la cartera oficial. En Aoita, su secretario general, Emiliano Gramajo, confirmó anoche que los delegados habían rechazado por “insuficiente” la oferta, en especial por el plazo de los pagos. En lo que va del año, los choferes ya recibieron un 18 por ciento, por lo que el nuevo incremento, de haber sido aceptado, llevaba a 44 por ciento el cierre anual. “Estamos por debajo de la inflación”, consideró Gramajo, quien adelantó que las negociaciones se reanudarán desde esta mañana en pos de no extender la medida de fuerza. Interurbanos. El servicio de corta y media distancia al borde del conflicto. (La Voz / Archivo).

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