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Sospechan que el Surrbac pagó una retribución a un funcionario provincial

Como una caja de sorpresas, la investigación sobre el sindicato de recolectores de residuos de Córdoba (Surrbac) sigue arrojando elementos inesperados.

Lo que comenzó como un viaje de exploración en el crecimiento patrimonial y político de dos patrones sindicales de manual, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, sigue ampliando sus itinerarios hacia estaciones insospechadas.

Las primeras paradas de la investigación exhibieron cómo las organizaciones sindicales que el dúo manejaba (gremio, obra social, mutual, fundación, clubes) habrían sido usadas como cajas particulares para su enriquecimiento personal: la mutual, por ejemplo, habría funcionado como una exclusiva mesa de dinero donde un grupo de privilegiados multiplicaron sus aportes en un 400 por ciento gracias a los intereses usurarios que les hacían pagar a barrenderos y recolectores.

Luego siguió el capítulo bling-bling: el descubrimiento de cajas de seguridad y plazos fijos desbordantes de dólares, las joyas, los autos de alta gama, las propiedades, las vacaciones de lujo en el Caribe pagadas con dinero sindical. Esto se conoció gracias a la intervención judicial y, también, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, monitoreada al minuto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Después, el caso desbordó a los sindicalistas. Desde hace más de un mes, como viene informando La Voz, el interés se amplió a la actuación que tuvieron funcionarios de la administración de Ramón Mestre en los procesos de licitación de la recolección de basura. Domicilios de cuatro de esos funcionarios fueron allanados junto con las sedes del ente municipal Crese y la empresa municipal de barrido Esop. En esas relaciones, que ahora son vistas bajo sospecha, también están las que los sindicalistas tendieron con las principales empresas privadas de recolección.

Una retribución sospechosa

Ahora, la novedad es que la investigación también toca la puerta fuera de la Municipalidad de Córdoba.

La Unidad de Información Financiera de la Nación (UIF), que dirige el abogado Mariano Federici, produjo a fines del año pasado el “Informe de Inteligencia N° 0679/18”. Son 44 páginas en las que pide a la Justicia de Córdoba que investigue por qué un funcionario del gobierno de Juan Schiaretti recibió dinero proveniente del Surrbac en momentos en que se discutía la última licitación del servicio de basura capitalino.

A lo largo de tres páginas, el informe de la UIF describe una sospechosa operatoria de entrega de dinero. No usa la palabra coima. La llama de otra manera: retribución.

Según la UIF, se trataría de una retribución pagada por el gremio para “direccionar” la última licitación de la basura que organizó la administración de Ramón Mestre, con el objetivo de “evitar el desplazamiento del sindicato analizado”.

Los investigadores de la UIF detectaron que en una cuenta sueldo del Banco de Córdoba sucursal Nueva Córdoba, específicamente en la caja de ahorros 917-102246/05, fueron depositados durante octubre y noviembre de 2017 cheques por un total de 3.272.771 pesos.

De ese total, por lo menos 1.589.900 pesos provinieron del Surrbac. Se trató de cheques por 89.900 pesos librados por la obra social Ossurbac a la orden del secretario general del gremio, Mauricio Saillén, y de cheques por 1.500.000 pesos emitidos por la empresa de recolección de basura Cotreco, por entonces concesionaria del servicio en la ciudad de Córdoba, a la orden del gremio Surrbac.

Estos cheques fueron endosados por Saillén y por el contador Juan Carlos Delgado, ambos apoderados del sindicato, y depositados en la misma cuenta sueldo.

El titular de la cuenta es Gastón Eduardo Massimino, actual funcionario de la Secretaría de Seguridad. Este abogado ingresó al área en 2016 llevado por el anterior secretario, Diego Hak, quien en julio de 2018 renunció cuando se conocieron videos en los cuales su padre aparecía con el dueño de un conocido local nocturno de la ciudad de Córdoba, Roberto Moyano. Este empresario luego denunció ante la Justicia que, según su versión, pagaba coimas al funcionario, quien el próximo 10 de diciembre asumirá como nuevo legislador provincial.

Antes de que Hak lo llevara a la Secretaría de Seguridad, Massimino se desempeñó en la Dirección Provincial de Rentas y en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Fondos injustificados

De los 3.372.771 pesos en cheques depositados en la cuenta sueldo de Massimino en 2017, fueron rechazados valores por 1.749.900 pesos. Los débitos de la cuenta fueron hechos mediante extracciones en efectivo.

Afirma la UIF con contundencia: “No hay motivo que permita justificar el flujo de fondos del Surrbac a Massimino, y la categorización impositiva en que se encontraría registrado este último no guardaría relación con los montos elevados”.

Luego la UIF hace una vinculación política. “Resulta relevante mencionar que el citado forma parte del bloque político Unión por Córdoba, el cual conforme surge de publicaciones periodísticas ha efectuado distintas gestiones tendientes a bloquear futuras licitaciones en el servicio de recolección de basura en dicha provincia”.

La UIF agrega que aunque no puede establecer los motivos de las transferencias de fondos entre el Surrbac y el funcionario, “no podemos descartar que las mismas guarden relación con algún tipo de retribución tendiente a direccionar las referidas licitaciones, y de esta manera evitar el desplazamiento del sindicato”.

La sospecha de la UIF se funda en que, al momento en que los cheques del Surrbac y Cotreco fueron depositados a Massimino, en el Concejo Deliberante de Córdoba se discutía la multimillonaria licitación del servicio capitalino de recolección de basura, a la que se oponía el bloque peronista.

También se manifestaba en contra el sindicato, porque temía que alguna de las nuevas concesionarias privadas quisiera aplicar en Córdoba el convenio de Camioneros, menos favorable que el que tiene vigente el Surrbac.

Es decir, por diferentes motivos, los intereses del Surrbac y de la bancada opositora convergían en aquellos momentos en contra del llamado a licitación que había hecho la administración de Ramón Mestre en agosto de 2017, y que fue adjudicada el 30 de mayo del año siguiente. En marzo de 2018, la bancada peronista seguía cuestionando el proyecto y presentó un pedido de informes sobre la licitación. Ese mismo mes, el Surrbac denunció a la Municipalidad por estar presuntamente favoreciendo a ciertas empresas privadas.

Los concejales peronistas cuestionaban a uno de los grupos empresariales que terminó ganando la licitación, Solví-Vega-Caputo, que había sido denunciado por Cotreco de estar involucrado con denuncias por corrupción en Brasil.

Un barrio privado en Traslasierra

El presidente del bloque peronista de concejales, Esteban Dómina, señaló que Massimino jamás fue empleado ni asesor del bloque ni de ninguno de los concejales que lo integran. “El tema de la basura, en el bloque, lo llevé yo; soy un militante del tema y nos hemos opuesto a esta licitación sin condicionamientos”, señaló.

Cuando en septiembre de 2018 el Concejo aprobó los nuevos pliegos de la basura con el voto de los 16 ediles oficialistas, todo el bloque peronista votó en contra.

Desde la empresa Cotreco, entre tanto, un directivo confirmó que los cheques que entregaron a la obra social del sindicato en 2017 fueron endosados por Saillén y depositados a Massimino.

Desde el Surrbac, el legislador provincial Franco Saillén nunca respondió los mensajes y llamadas a sus dos teléfonos. La persona que habitualmente oficiaba de intermediario entre el gremio y la prensa informó que ya no cumple ese rol ni tiene contacto con el legislador. Franco Saillén está actualmente a cargo del sindicato debido a que su padre y Catrambone están en la cárcel de Bouwer acusados de ser jefes de una asociación ilícita, coautores de lavado de dinero, usura y defraudación.

El funcionario de la Secretaría de Seguridad dueño de la cuenta bancaria habló en tres oportunidades con La Voz. Massimino negó en todos los encuentros haber cobrado fondos del gremio. “Esto es una barbaridad; es una locura vincular esos cheques con una supuesta coima pagada por el gremio”.

Massimino dice que todo se trató de una operación inmobiliaria.

Él es el accionista principal de la empresa Terrazas del Alba SA, creada el 10 de julio de 2014 junto a Gonzalo Ezequiel Oviedo, con un capital inicial de 100 mil pesos. La firma maneja un barrio privado del mismo nombre construido a un costado de la ruta provincial 14, en la localidad de Las Tapias, Valle de Traslasierra, del que él es oriundo. Los cheques, dice, fueron para comprarle un lote.

Aunque Massimino no entró en detalles sobre la operación, allegados suyos dijeron a La Voz que los cheques del Surrbac y Cotreco endosados por Saillén y Delgado habrían terminado en las manos de Eduardo y Mónica Capiglione, dos personas que también aparecen mencionadas en el informe de la UIF como destinatarios de los cheques emitidos desde el gremio, tal como informó este medio en un informe publicado el domingo 29 de septiembre.

Según la versión que dieron esos allegados a Massimino, los Capiglione compraron (no se sabe si a nombre propio o como intermediarios de Saillén) uno de los lotes del barrio privado.

Habrían acordado, en septiembre de 2017, pagar 1.850.000 pesos por uno de los terrenos, que ya contaba con una construcción iniciada. Al 1° de setiembre de ese año, el dólar cotizaba a 17,60 pesos, por lo cual ese monto que se pagaría a Massimino representaba 105.114 dólares. Hoy, lotes de ese barrio privado, de 400 metros cuadrados aunque sin construcción alguna, se ofrecen a la venta en portales digitales por 12.500 dólares.

Según dijo Massimino a La Voz, de los casi 3.300.000 pesos en cheques depositados en su cuenta sueldo, 2,1 millones fueron rechazados por falta de fondos, por lo cual todavía le estarían debiendo un saldo de la venta.

¿Cuál es la vinculación del funcionario que dependía de Diego Hak con el gremio de Saillén? Se lo puede ver en varias fotos compartiendo encuentros políticos organizados por el sindicato, los que encabezó el legislador Franco Saillén. Massimino concurrió, por ejemplo, a uno con vecinos del barrio SEP, como representante del Gobierno provincial.

También participó en conversaciones sobre iniciativas de seguridad en la zona este de la Capital, por el proyecto de extender la Costanera sur en esa zona.

La gran cantidad de cheques depositados de manera inusual en su caja de ahorro para sueldos hizo saltar las alarmas del Banco de Córdoba, que emitió varios reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos (ROS), por las cuales la UIF se terminó enterando de la operación.

Aguas agitadas para Saillén y Catrambone

Los máximos dirigentes del gremio de recolectores Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, están detenidos en Bouwer desde el 27 de agosto, acusados de asociación ilícita, lavado de dinero, usura y defraudación.

Por un lado deben reestructurar su defensa legal con los nuevos abogados que incorporaron luego de que desistieran de representarlos los letrados Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, disconformes con la estrategia que les plantearon los gremialistas.

Hoy, Saillén y Catrambone son defendidos por Fernando Martínez Paz, hermano de una de las secretarias del juez Ricardo Bustos Fierro, quien dirige la investigación en la Justicia federal, y por el ex fiscal general de la Provincia Darío Vezzaro.

En el frente económico personal, abogados penalistas que también fueron consultados sobre posibles estrategias de defensa para los sindicalistas estimaron que la representación legal de ambos, en las múltiples causas judiciales que tienen abiertas en la Justicia provincial y federal, les insumirá no menos de 10 millones de pesos.

Vale recordar que la causa por la que están detenidos es solamente una de la decena de casos en los que están involucrados.

Todavía no avanzó –por dar un ejemplo– la investigación que lleva adelante el fiscal provincial Alfredo Villegas sobre el intento de asesinato contra el exafiliado del gremio Pablo Carrasco, denunciante contra los sindicalistas, ocurrido en enero de 2019. También esperan las causas por compra irregular de dólares, por los vínculos con empresas del ámbito familiar de Catrambone, etcétera.

Intervención

Otro frente que preocupa a los gremialistas, mucho más que la obtención de su libertad, son los pedidos que hizo el juez Bustos Fierro para que la Nación intervenga el sindicato y la mutual, debido al descontrol económico que vienen sufriendo a manos del dúo de sindicalistas. Ni la Secretaría de Trabajo ni el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) han dado indicios de si resolverán favorablemente los pedidos antes de que se despida la administración de Mauricio Macri.

Hugo Moyano: Enemigo con más poder

La llegada de Fernández al gobierno, otra mala noticia.

El cambio de gobierno, con la llegada de Alberto Fernández al poder, no ofrece mejores perspectivas a los gremialistas detenidos Mauricio Saillén y Pascual Catrambone (foto), debido al peso que tiene en el entorno cercano del presidente electo el camionero Hugo Moyano, el gran enemigo de los líderes del Surrbac.

En Las Tapias. Terrazas del Alba, el loteo que maneja Massimino. (La Voz)
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Territorio. Massimino, en una de las actividades del Surrbac. (Facebook)
En Las Tapias. Terrazas del Alba, el loteo que maneja Massimino. (La Voz)
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