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Archivos mensuales: diciembre 2019

El Suoem alertó de que peligra la suba salarial automática

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) denunció ayer que “no está asegurado” el pago del aumento con cláusula gatillo, según informaron funcionarios del intendente Martín Llaryora. La preocupación por el pago de los dos últimos tramos del aumento salarial de 2019 que se ajustan por inflación (y que estaban acordados con la anterior gestión) creció ayer en el Suoem, luego de que empleados identificaron movimientos administrativos que, señalaron, no eran habituales. Fue tal el desconcierto que el gremio pidió una reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal para informarse sobre el tema, relegando la pelea por la nueva ordenanza de emergencia. La discusión por los salarios es lo “esencial en este momento”, dijo ayer la secretaria general del Suoem, Beatriz Biolatto, tras la asamblea de delegados en la sede sindical, ayer por la mañana. Por la tarde, luego de una reunión con funcionarios llaryoristas, Biolatto fue contundente: “No está nada asegurado. El jueves nos volvemos a reunir”. El viernes pasado, según fuentes cercanas a la carga de datos administrativos, el índice de la inflación del último mes fue incorporado a la planilla salarial, que es un paso previo administrativo para la final efectivización del pago a los municipales. Sin embargo, al día siguiente ese dato desapareció, según afirmó un agente municipal que viralizó la información entre los delegados. Esta situación puso en alerta al gremio, que ya tenía programada una asamblea de delegados ayer por la mañana para tratar el avance de la ordenanza de emergencia municipal sobre el convenio de los trabajadores del estado capitalino. “Una de las cosas fundamentales, concretamente, es que a nosotros nos faltan cobrar dos tramos de la pauta salarial 2019”, aclaró Biolatto a la salida. En la sede sindical de calle 9 de julio, se celebró una concurrida asamblea que hasta sorprendió a los propios delegados. Allí se cantaron consignas de lucha y hubo estrofas dedicadas al intendente y al viceintendente Daniel Passerini. Durante más de dos horas, los municipales discutieron sobre los “superpoderes” de Llaryora y se mostraron preocupados por tres aspectos que los tocan de cerca. En primer lugar, les preocupa que el Ejecutivo pueda implementar programas de becas, de pasantías y de trabajos comunitarios por un monto equivalente al 15 por ciento de la partida destinada al pago de salarios ejecutada en 2019. Además, que Llaryora quede facultado a impulsar un esquema de pasividad anticipada y de retiros voluntarios. Por otro lado, rechazan la posibilidad de que el intendente pueda otorgar sumas no remunerativas como aumento. Sin comentarios Desde la Municipalidad, y ante la consulta de este diario, un vocero anticipó que “por ahora no se hablará del tema Suoem”. Biolatto: Defenderemos el salario, pero lo vamos a discutir en marzo La secretaria general del Suoem, Beatriz Biolatto, dijo ayer que el gremio está abierto al diálogo con el Ejecutivo municipal y, respecto a la pauta salarial 2020, anticipó que el debate se dará en marzo, aunque reconoció que “el panorama es incierto”. “Lo que se avizora en el futuro es incierto. Vamos a estar a la altura de las circunstancia, vamos a defender el salario, la estabilidad, las fuentes de trabajo. Nos han costado mucho”, aseguró la dirigente. “Yo le he adelantado al Ejecutivo que no vamos a discutir pauta salarial ni en enero ni en febrero. Seguramente, nos sentaremos en marzo, como lo hemos hecho todos los años”, agregó la sindicalista. Biolatto elogió el acuerdo salarial logrado durante la gestión del exintendente Ramón Mestre, una pauta que contempla aumentos bimestrales ajustados a la inflación y que ahora el nuevo gobierno no les reconocería. “Esta pauta de ‘cláusula gatillo’ ha tenido previsibilidad a lo largo de los años, el municipio ha tenido previsibilidad en la recaudación para poder pagar”, dijo. La gremialista agregó que esa discusión se dará en dos meses, pero que ahora la preocupación pasa por cerrar 2019. “En marzo, vamos a hacer un análisis sobre la situación, sobre los salarios, sobre lo que nosotros creemos que debería ser una pauta salarial, y deberíamos desandar ese camino si es con ‘cláusula gatillo’ que a nosotros nos parece que debe ser así”, describió. El jueves 2 de enero, a las 10, los dirigentes del gremio volverán a reunirse por el tema salarial. Luego, a las 14, habrá una asamblea de delegados. En las reparticiones habrá asambleas informativas. Delegados. El Suoem celebró ayer una asamblea y luego marchó al Palacio 6 de julio para protestar. (Pedro Castillo)

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Cómo es la reforma judicial que impulsará Alberto Fernández

Alberto Fernández tiene en la mira a Comodoro Py 2002, el epicentro de la Justicia federal ubicado en el barrio porteño de Retiro, donde se tramitan las causas de mayor impacto político y que tiene contra las cuerdas a la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, están dando las puntadas finales a un ambicioso proyecto para reformar gran parte del sistema federal de justicia. Aunque lo enviará al Congreso después de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo. El proyecto es trabajado por Losardo, con aportes del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. También opina Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia y expresidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Béliz volvió a la función pública de la mano de Fernández, después de haber pegado un portazo en julio de 2004 al dejar el Ministerio de Justicia por diferencias con el entonces presidente Néstor Kirchner. En los 2000, había intentado impulsar la desconcentración de los tribunales de Comodoro Py. Pero no tuvo acompañamiento político. También colabora el exjuez Daniel Rafecas, designado Procurador General (jefe de los fiscales). En sus más de 15 años en Comodoro Py, Rafecas ha tenido causas por delitos de lesa humanidad, los sobornos en el Senado y la denuncia de Alberto Nisman a Cristina Kirchner. La iniciativa tiene dos ejes centrales: la aplicación urgente del nuevo Código Procesal Penal y la puesta en marcha del “sistema acusatorio”, donde la instrucción de la causa pasa a manos de los fiscales (aquí no se necesita una ley). Y en segundo lugar, “desenganchar” a los servicios de Inteligencia de los juzgados. En la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre, el propio Fernández lo había anticipado: “Nunca más una justicia contaminada por servicios, operadores judiciales y procedimientos oscuros”. Otros ejes son: revisión de la figura del “arrepentido” impulsada por el macrismo y del funcionamiento del sistema de “escuchas telefónicas”. Sobre Comodoro Py, el objetivo es transparentar los sorteos y dotar de más recursos para que las causas avancen más rápido. Pero la mirada del proyecto será más amplia, por lo que también habrá novedades sobre el Fuero Contencioso Administrativo, el Penal Económico, Civil y Comercial Federal, los juzgados de familia, y otras áreas. Con la Corte no Losardo se reunió recientemente con los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo fue llevarles tranquilidad. “No vamos a cuestionar a toda la Justicia. Nadie tiene que llevar la mochila de otro”, les dijo la funcionaria. Allí también la ministra les confirmó a Carlos Rosenkrantz, a Elena Highton, a Juan Carlos Maqueda, a Ricardo Lorenzetti y a Horacio Rosatti que no está en carpeta la ampliación del máximo tribunal, según calificadas fuentes judiciales consultadas por este diario. La ministra es muy crítica de las prisiones preventivas y de la denominada “doctrina Irurzún”. “No puede anticiparse una condena. Hubo excesos en los últimos años. Fue un grave error”, dijo la funcionaria en declaraciones a la prensa. Puertas afuera, Losardo estableció un ida y vuelta con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para darles participación en la elaboración del proyecto. “Los cambios los vamos a hacer, pero consensuados”, respondió la funcionaria. Altas fuentes de Casa Rosada señalaron que las líneas directrices del proyecto las elaboró el propio jefe de Estado, un abogado penalista de amplio conocimiento sobre el funcionamiento de la Justicia. “Y la reforma la anunciará él”, agregaron. Pero la propia Losardo reconoció en una entrevista radial que también consulta sobre el proyecto con la vicepresidenta, quien tiene nueve procesamientos (siete por presuntos hechos de corrupción) y embargos por 14 mil millones de pesos. Transparencia Ante la consulta de este diario, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró “totalmente necesaria” una reforma. “Fundamentalmente, para reorganizar y reestructurar la Justicia federal de Comodoro Py. Tiene que apuntar para allá, sino no hay reforma”, respondió. Gil Domínguez no se encuadra entre los especialistas del derecho que adhieren al nuevo gobierno. Y cuestiona con dureza la idea de que Cristina es víctima del lawfare, porque –según dice– no existe tal cosa en la Argentina. Pero coincide con el diagnóstico del Presidente. “La Justicia federal de Comodoro Py y los servicios de Inteligencia generaron un entramado que se aleja de una Justicia independiente”, afirmó. Si bien se negó a dar más detalles sobre el proyecto, Losardo afirmó que la iniciativa tendrá una perspectiva para dar más independencia al Poder Judicial y que los expedientes no se demoren como ahora. En ese camino, las reformas podrían llegar también al Consejo de la Magistratura. Hay una cuestión crucial allí, entiende el Gobierno, que tiene que ver con la selección de magistrados y el control de la disciplina de los jueces. Según Gil Domínguez, el gobierno que se fue dejó como “positivo” la oralidad de los procedimientos, lo que acorta el plazo de tramitación de los procesos, pero la gran demanda de la sociedad hoy es “que se transparenten los juzgados”. Sobre esto último coincide el jurista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Roberto Carlés. “Según estudios de universidades importantes, como la UCA y San Andrés, el 80 por ciento de los argentinos y las argentinas desconfían del Poder Judicial”, dijo. Y señaló que es el poder del Estado el que decide sobre la vida, la libertad, el patrimonio y hasta sobre las familias. “Hemos llegado a una situación muy crítica, debido a muchos problemas, como la utilización de la Justicia con fines políticos, la violación de garantías constitucionales y, además, la relación promiscua entre los servicios de Inteligencia y algunos jueces y fiscales”, sostuvo. Opinión externa Puestos los tribunales de Comodoro Py en el centro de la discusión, Gil Domínguez comentó por dónde podría pasar una eventual reforma. “Una posibilidad es que se amplíe la competencia federal de primera instancia a los jueces penales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se pasaría de tener 12 jueces a 40 y pico”, dijo. A su entender, con este movimiento “se generaría una mayor horizontalidad en la distribución de la competencia”. También propone “agregar un sistema de sorteo de causas que sea digital, automático y transparente, y con control público”. Sobre ese aspecto, la vicepresidenta de la Nación públicamente se ha quejado porque la mayoría de las denuncias en su contra han caído en el juzgado federal del juez Claudio Bonadio, a quien ella ha descalificado en numerosas oportunidades. Corte. Losardo se reunió, días atrás, con los ministros de la Corte Suprema. (Prensa Ministerio de Justicia)

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