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Archivos anuales: 2019

Macri se va con 15 meses consecutivos de coparticipación en fuerte descenso

Las arcas de la Provincia continuaron en noviembre muy afectadas por la merma de los envíos de la Nación en concepto de coparticipación federal de impuestos. Estos fondos explican más del 60 por ciento del total de la recaudación de Córdoba y su retroceso impacta directamente en los números que luego debe administrar Juan Schiaretti. A lo largo del mes pasado –el último completo con el Gobierno nacional bajo el mando de Mauricio Macri–, las trasferencias mostraron una caída real de 3,6 puntos porcentuales, estimando una inflación interanual del 51 por ciento. De esta forma, el “rojo” en la columna de los ingresos por IVA y por Ganancias –los principales tributos coparticipados– acumula 15 meses consecutivos. En noviembre, el impacto no fue más grave (del orden de los seis puntos porcentuales de baja en la comparación interanual) porque el afecto se vio amortiguado por los fondos redistribuidos por el decreto 752/19. Son los envíos que la Corte Suprema obligó a la Nación a distribuir entre las provincias en compensación por los ingresos resignados tras la suspensión del IVA para una veintena de productos de la canasta básica. Por ese concepto, el Gobierno federal envió en noviembre a Córdoba 257 millones de pesos, 2,1 por ciento más que lo que hubiera tenido que coparticipar. En total, la Nación envió el mes pasado 12.176 millones, 47,3 por ciento más en términos nominales que en igual mes de 2018. Descontando una inflación interanual estimada en 51 por ciento, el saldo da negativo en 3,6 puntos porcentuales. En el acumulado enero-noviembre, la cuenta está muy lejos de ser positiva y muestra cómo se han visto afectados los ingresos del Estado provincial. En lo que va del año, la Nación transfirió 119.275 millones de pesos, un 39 por ciento más que los 85.794 millones de igual lapso de 2018. Sin embargo, descontando la inflación interanual promedio del período, las transferencias denotan un retroceso de 13,1 puntos. Así se desprende del registro de distribución de recursos de origen nacional a provincias, confeccionado por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Para tener un panorama general de la situación de la recaudación de Córdoba, hay que esperar que la Provincia publique estos días los datos completos, que incluyen los ingresos propios. Sin embargo, en El Panal no son optimistas y descuentan que no habrá novedades positivas en esos tributos, entre los que Ingresos Brutos es el más relevante. Las causas Las razones que explican esta debilidad recaudatoria (que afecta a todos los distritos, no sólo a Córdoba) hay que buscarlas en la crisis económica en la que está sumergida la Argentina desde mediados del año pasado, cuando comenzó a traducirse en la economía real la debacle macro. La fuerte suba del dólar, las tasas de interés extraordinariamente elevadas y la consecuente inflación prácticamente paralizaron la actividad económica, fuente principal de la que se nutre la recaudación. La recaudación por IVA, por Ingresos Brutos y por Sellos depende del consumo y de la actividad industrial y comercial, sectores muy deprimidos por la crisis. La merma en los ingresos fue compensada, en parte, por la reducción de los gastos corrientes que hizo el Gobierno provincial. En este punto, el más relevante es el de los salarios públicos, que luego de ajustarse por inflación (“cláusula gatillo”) hasta agosto, se regularon con sumas fijas y un cuatro por ciento desde noviembre. Habrá, además, otro porcentaje igual desde enero del año que viene. Para terminar de compensar la caída tributaria, la Provincia “pisó” la obra pública en la segunda parte de 2019 y presupuestó un año que viene con gastos de capital muy por debajo de otros previos, como 2018, por ejemplo. El propio Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas, calificó a la pauta presupuestaria 2020 como “austera”. 0212_-_La_crisis_impacta_en_la_recaudacion_1575252372.jpg Hernán Lacunza. El último ministro de Hacienda de Macri. (Clarín)

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A una semana de asumir, declara Cristina Kirchner

Cristina Kirchner está citada para hoy a las 9.30 a prestar declaración indagatoria en el marco del juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de los contratos de obra pública vial durante su gobierno. La senadora renunciante se sentará en el banquillo de los acusados a una semana de asumir como vicepresidenta de la Nación hasta 2023. En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción. Además de la expresidenta y del empresario, también son juzgados los detenidos Julio De Vido, exministro de Planificación, y José López, exsecretario de Obras Públicas, entre otros. Cristina Kirchner deberá declarar ante la Justicia por uno de los casos de corrupción en que está involucrada a una semana de asumir como vicepresidenta de Alberto Fernández. La vicepresidenta actual, Gabriela Michetti, es quien les tomará juramento a los Fernández en carácter de presidenta del Senado. Eso se producirá el martes 10 de diciembre, en el recinto de la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución. En el Frente de Todos habían hecho trascender el deseo de Cristina de ser ella misma quien le tomara juramento a su compañero de fórmula. Pero días después se informó que se acordó que la ceremonia fuera la tradicional, con Michetti haciendo jurar. Sin televisación El viernes último, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó autorizar la transmisión en vivo de la declaración indagatoria de Kirchner. La decisión fue tomada por una mayoría compuesta por los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso, que sostuvieron que la defensa de la exmandataria no había presentado argumentos “novedosos” como para revertir la determinación ya adoptada por el tribunal antes del inicio del juicio, que excluía la posibilidad de transmitir en vivo las indagatorias. Por su parte, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se pronunció, en minoría, por aceptar la petición de la defensa de la expresidenta. Twitter Ayer, Cristina Fernández usó Twitter para hacer su descargo. “Mañana (por hoy), en Comodoro Py, tendrá lugar una audiencia oral del caso paradigmático de lawfare en la Argentina: la causa conocida mediáticamente como de la ‘Obra pública’, en la que las mentiras, difamaciones y descalificaciones sobre mi persona fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo”, afirmó Kirchner. “Desde las denuncias de diputados y dirigentes opositores, pasando por la filtración anticipada de las resoluciones de Julián Ercolini –el juez mutante de instrucción– hasta la lectura en vivo y en directo del escrito del fiscal, plagado de descalificaciones impropias para esta clase de presentaciones, autorizada por el TOF 2. En la Argentina, como en el resto de América latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos se ha transformado en un plan sistemático”, cerró. "Lawfare". Ayer, Cristina cargó contra la Justicia y los medios. (F. López Claro)

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Más de una veintena de parientes de funcionarios en el municipio

Algunos ya forman parte de la planta permanente; otros están con contrato –en principio– hasta el 31 de este mes. Se trata de familiares directos de funcionarios de la actual gestión del intendente Ramón Mestre que ingresaron por diferentes vías y en diversos momentos a la Municipalidad de Córdoba. El listado que reconstruyó La Voz incluye sólo una parte de un entramado de vínculos de funcionarios del Ejecutivo y concejales oficialistas con contratados. Esta nómina no quita que haya casos similares aún no visibles. “En el Concejo es así o peor”, comentó una fuente al tanto de estas decisiones. La continuidad de estos y de otros centenares de contratos ya está siendo revisada por la próxima gestión del peronista Martín Llaryora. La anunciada emergencia económica, que la próxima administración asegura que instaurará desde el 10 de diciembre, podría tumbar todos estos contratos o parte de ellos. El jueves pasado, las diferencias respecto de qué cantidad de personal dejará Mestre derivó en la ruptura de la mesa de transición entre la gestión saliente y la entrante. Según la administración mestrista, hay 532 agentes contratados bajo la figura del artículo 8. Se trata de empleados que prestan diferentes tareas con un contrato de plazo determinado, con límite. En los papeles, esa condición fija un lapso de permanencia, aunque en la práctica representa un primer estadio como empleado, para desde allí lograr continuidad. Familia estatal Entre los contratados con lazos directos con funcionarios municipales, se destaca la situación laboral de los integrantes del matrimonio entre Sofía Gauchat y Facundo Saporiti. La mujer es hermana de Melisa Gauchat, la esposa del intendente Mestre. Sofía trabaja en condición de artículo 8 en el CPC Colón, en el Sistema de Protección de Derecho, un área que depende de la Dirección de Promoción Familiar. Según el portal de Gobierno Abierto municipal, en junio pasado (último dato disponible) cobró un sueldo de 59.130 pesos. Saporiti, su esposo, se desempeña como director del Instituto de Planificación Metropolitana (Iplam). En octubre, el funcionario percibió 98.398 pesos de bolsillo. En el caso de Saporiti, al ser personal de planta política, se espera que el 10 de este mes deje el actual cargo. Otro caso emblemático es el de la familia Gastaldi-Ferla. María Florencia Gastaldi es la actual subdirectora de Higiene Laboral. El último mes percibió 81.577 pesos. Sus padres son Omar Gastaldi, secretario de Infraestructura del municipio, y Mónica Ferla, subsecretaria de Ingresos Públicos. Gastaldi cobró en octubre por sus funciones 123.469 pesos, mientras que Ferla percibió 111.490 pesos, de acuerdo con la web del Palacio 6 de Julio. Otro caso de parentesco es el de los hermanos Gómez Mahut. Germán está contratado como “asistente” en la Secretaría de Salud. En el último registro disponible, figura que cobró 41.091 pesos. Si bien el decreto 4.206 de 2018 fijaba el período de permanencia desde el 1° de agosto al 31 de diciembre del mismo año, sigue como contratado. Su hermana Nadia, en tanto, percibió en octubre pasado 123.735 pesos de bolsillo por su cargo de subsecretaria de Gobierno. Florencia Malone Mestre, otra funcionaria con lazo sanguíneo con el actual intendente, trabajó como subdirectora de Protocolo. La sobrina del titular del Ejecutivo ocupa ahora un “cargo jerárquico” en la empresa estatal municipal Tamse. En su anterior posición, según surge del portal Gobierno Abierto, está registrada con un sueldo de 107.991 pesos. No es la única Malone en la Municipalidad. El padre de Florencia, Federico Malone (excuñado del intendente), es director del Servicio Odontológico municipal, con un sueldo de 88.286 pesos. También hay parentescos entre concejales radicales y agentes municipales, casi todos empleados bajo contratos artículo 8. Son los casos de María Constanza Acosta, hija de la edila Miriam Acosta. María Constanza figura con un contrato en la Secretaría de Salud. El último registro disponible, de junio pasado, le asigna un sueldo de 97.191 pesos. Un caso similar es el de Leandro Fonseca, hijo del concejal Gustavo Fonseca. En las planillas oficiales, aparece con un puesto en la Dirección de Control Integral de la Vía Pública. Su sueldo: 40.104 pesos. Eduardo Conrad, hijo del exconcejal de igual nombre, actual secretario de Comisiones del Concejo Deliberante, figura con un artículo 8 en la Subsecretaría de Deportes hasta el 31 de agosto de 2018. Cobra 42.231 pesos. De allí en adelante se encuentra en planta, en estado “permanente”, luego de haber atravesado un concurso. El decreto 3.593, con fecha de 14 de noviembre, da cuenta de su cambio de estatus laboral. Luca Ceballos Abugauch es otro caso de hijos con padres en el Concejo. Su madre es Carla Abugauch, exconcejala y actual integrante del Tribunal de Cuentas. Luca aparece con un cargo por artículo 8 en la Secretaría de Educación. Da cuenta de eso el decreto 2.243. La familia Abugauch logra también ingresos a través de Ismael, hermano de la integrante del órgano revisor. Este revista en el CPC San Vicente, es contratado y gana 41.091 pesos, según el último registro disponible. Algo similar sucede con Maximiliano Javier Lafuente, hijo del concejal Javier Lafuente. Su nombre está registrado en un listado de designaciones conjuntas en el decreto 2.662, con fecha 4 de octubre de este año. El plazo del contrato artículo 8 expira el 31 de diciembre próximo. También hay hijas e hijos de directores y de subdirectores de CPC nombrados con contratos de plazo determinado en distintas reparticiones de la Municipalidad. La maraña de designaciones incluye a parientes de empleados municipales, en especial de delegados gremiales del Suoem. Defensa oficial Desde el Ejecutivo, Daniel Arzani, secretario General del municipio, aseguró que el proceso de ingreso es “transparente” y destacó la incorporación de los concursos por parte de la administración Mestre. Un caso con notoriedad mediática, semanas atrás, es el del hijo de Alfredo Sapp, titular del Esop. Valentín Sapp revista como empleado del Tribunal de Cuentas municipal. La concejala opositora Nadia Fernández sembró dudas respecto del concurso público con el que aquel logró un cargo permanente en el Estado, tras haber estado contratado por el municipio. Alfredo, su padre, defendió con énfasis el proceso concursal y las condiciones profesionales de su hijo. Los Castagno son otra de las familias con más de una foja de empleo en la administración municipal. Juan Pablo Castagno es hijo de Alberto Castagno, extitular de la Crese, y hermano de Marcelo Castagno, subdirector de Relaciones Institucionales. A junio pasado, Juan Pablo figuraba como relator de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo, con un sueldo de 107.991 pesos. Héctor Mignola Varela es hermano de la subdirectora de Medios, María Eugenia Mignola. Aquel revista bajo la órbita de la Dirección de Policía Municipal. Su registro de sueldo de junio pasado es de 41.091 pesos. Hay más casos. Por ejemplo, de Matías Balussi, hijo de Iris Uyua, subsecretaria de Recursos Humanos, precisamente la responsable de la ejecución de la política de ingresos y egresos al Palacio 6 de Julio. Balussi obtuvo el estatus de planta permanente en la Secretaría de Salud, después de haber concursado el cargo, según refiere el decreto 4.068. En ese mismo escrito, queda establecido que desde el 1° de septiembre pasado es empleado con estabilidad indeterminada en el Estado municipal. Su sueldo, de junio de 2019, es de 42.231 pesos. María Laura Font –hermana de Mariano Font, secretario privado de Mestre– se desempeña bajo artículo 8 en la Secretaría de Salud. Su último recibo de sueldo registrado en el portal de Gobierno Abierto le asigna un sueldo de 40.079 pesos. (Ilustración de Chumbi) Municipalidad de Córdoba. (La Voz / Archivo) (Ilustración de Chumbi)

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