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Archivos diarios: 5 enero, 2020

Sector público: menos planta, pero más costosa

El año que pasó fue particular: el primero en dos décadas en el que la planta de personal que trabaja en el sector público cordobés se achicó. Levemente, apenas: es un 0,7 por ciento, el equivalente a 1.134 puestos de trabajo, pero es un fenómeno que no se registró nunca, ni siquiera en la crisis de 2001. El recorte no le hace mella al tamaño que el Estado adquirió en estos 20 años, pero al menos no se siguió agrandando. En el año 2000, el primero de Unión por Córdoba que inauguró José Manuel de la Sota, había 105.423 trabajadores en áreas que dependen del Estado provincial. Al término de 2019 son 157.806, un 49,6 por ciento más. Al cierre de 2018, había 158.808 trabajadores. Sin embargo, pagar los salarios a sus trabajadores activos fue, en términos reales, más caro en este 2019 que años atrás, porque los ingresos estuvieron, en muchos casos, por debajo de lo que creció la nómina salarial. La Provincia acaba de cerrar el año que pasó con un crecimiento nominal de la recaudación del 41 por ciento, lo que implicaría una caída del siete por ciento en términos reales. Aunque el dato de inflación de diciembre no está, se estima que cerrará el año entre 54 y 55 por ciento arriba. ¿Cómo les fue a los asalariados públicos? En 2019, los trabajadores del sector público que históricamente estuvieron mejor pagos fueron los únicos que le empataron a la suba del costo de vida. Algo así como una “solidaridad a la inversa”. Así, los magistrados del Poder Judicial, los empleados judiciales, del Banco de Córdoba y de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba son los que, en el período analizado, están mano a mano frente a la inflación. O más, como los bancarios. En tanto, hay trabajadores de la administración central, por caso, con la mitad del aumento remunerativo que reciben sus pares, según los datos publicados en el portal de Transparencia de la Caja de Jubilaciones. Encabezan la lista los empleados bancarios, sector que incluye a 2.637 trabajadores del Banco de Córdoba, 284 de la Caja de Jubilaciones y 296 exempleados del Banco Social: a octubre de 2019 ganaban en promedio 122.275 pesos, cuando en octubre de 2018 el promedio estaba en 71.833 pesos, lo que implica una suba del 70 por ciento. Ese sector recibió subas casi todos los meses: 9,38 por ciento en octubre de 2018, 2,79 en noviembre, 2,57 en diciembre, 10 en enero, 8,64 en abril, 8,79 en julio, 7,69 en septiembre y 3,57 en octubre. En 2019, este grupo sumaba 3.217 trabajadores, 2,3 por ciento menos que los 3.293 de 2018. Le sigue el Poder Judicial, tanto magistrados como empleados, con subas del 54 por ciento: 10 en octubre de 2018, 10 en marzo de 2019, 7,5 en mayo, 7,5 en junio y 10 en septiembre. En el caso de los judiciales, el salario promedio bruto pasó de 60.809 en octubre de 2018 a 93.978 en octubre pasado. En el período, la planta de empleados se achicó en 140 puestos, siempre según los datos de la Caja: pasó de 5.872 a 5.732. Los magistrados, en tanto, pasaron de un salario promedio de 147.799 a 224.655 en el período. Pero con un detalle: es el que más incrementó su plantilla. Tiene 84 puestos más que hace un año: pasó de 2.310 a 2.394, un cuatro por ciento más. Los municipales de la ciudad pasaron de un ingreso medio de 79.757 pesos a 117.497, lo que implica una suba del 47 por ciento, aunque falta incorporar el dato del bimestre septiembre-octubre en ese monto. La planta de personal, a octubre, registra una baja de 132 personas: pasó de 11.011 a 10.879 puestos. Claro que faltan computar los últimos dos meses de la gestión de ocho años de Ramón Mestre. En ese lapso, según las denuncias del ahora oficialismo, se produjeron pases a planta. Epec, en baja respecto del pasado reciente Tradicionalmente, los trabajadores de Epec también formaban parte de este grupo de trabajadores bien pagos y con ajustes por encima de la media. Pero la distribuidora atraviesa desde hace dos años un profundo proceso de reorganización interna en el intento de bajar costos. Buscó acordar con los gremios cambios sustanciales en el convenio laboral, y como la regional Córdoba –la más numerosa– no los convalidó, los aumentos salariales recibidos han sido menores: 13,64 por ciento en enero y cinco por ciento en febrero. El último de 2018 había sido del 10 por ciento en septiembre. El salario promedio pasó de 102.292 pesos a 148.250 pesos. El pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) se liquidó de modo diferente en ambos años, y es por eso que el aumento interanual arroja 31 por ciento. De todos modos, la BAE –que representa alrededor de tres sueldos adicionales para cada trabajador– está prorrateada. La planta de personal pasó de 3.928 a 3.791 activos, aunque en este último dato hay 544 que tomaron la pasividad anticipada: continúan siendo empleados de Epec, con un salario de entre el 60 y el 70 por ciento, hasta tanto alcancen la edad jubilatoria. Panorama estatal En el resto de la administración provincial, los aumentos remunerativos y al básico han sido menores, y se parecen a los que ha recibido el grueso del sector privado: subas de entre el 22 y el 30 por ciento, aunque con bonos que intentaron compensar en parte la pérdida del poder adquisitivo. Para los trabajadores de la salud, los docentes, los policías y todo el resto de la administración central, la Provincia pagó tres por ciento en noviembre de 2018 y cinco en febrero de este año, más mil pesos de suma fija. La negociación de 2019, que abarca desde marzo hasta febrero de 2020, implicó una cláusula gatillo hasta agosto. Así, se abonó 2,9% en marzo; 3,7% en abril; 3% en mayo; 2,9% en junio; 2,4% en julio, y 2,4% en agosto. En todos esos meses, se pagó una bonificación compensatoria de 1.500 pesos (excepto marzo, que fue de 1.300 pesos). Con el argumento de la caída brusca de la recaudación por parte de la Provincia, la “cláusula gatillo” cayó en setiembre y en octubre. Para noviembre se acordó un cuatro por ciento, más un adicional de 3.250 pesos, que se repitió en diciembre. El próximo aumento, del cuatro por ciento, es en enero, con el mismo adicional. Toda la administración pública provincial abarca a 148.401 personas, con un salario promedio de 45.672 pesos. Claro que en el promedio hay matices: un docente gana unos 38 mil pesos y un trabajador de la salud, 58 mil pesos. Si bien las comparaciones son odiosas, muy odiosas, un trabajador provincial representa el 40 por ciento de lo que gana un empleado municipal de la ciudad de Córdoba, con tareas relativamente similares. Una ecuación que no cierra Desde el punto de vista de las cuentas públicas, el gasto en salarios total, entre remunerativos y bonos compensatorios, ha crecido por encima de los ingresos reales de la Provincia, lo que representa un doble problema: tiene trabajadores con pérdida de poder adquisitivo, lo que alentará las presiones gremiales para recuperarlo, pero tiene una mayor participación de los salarios dentro de su gasto total, porque los ingresos vienen perdiendo por goleada frente a la inflación. En 2019, se presupuestó pagar en salarios 95.162 millones de pesos, el 42,4 por ciento de los 224.232 millones de pesos que se previeron recaudar. A septiembre pasado –última ejecución presupuestaria publicada–, se llevan gastados 75.028 millones de pesos, el 78,8 por ciento de lo presupuestado, cuando queda el 25 por ciento del año más el medio aguinaldo. El gasto en personal representaba, a septiembre, el 43 por ciento de los ingresos presupuestados, con el agravante de que la Provincia este año no podrá recaudar lo que había previsto: Ingresos Brutos, por caso, cayó 12 por ciento en términos reales. Sin reactivación económica, la ecuación salarios/gastos será muy difícil de acomodar. Para ambas partes. La planta y sus sectores Los tres que crecieron Los magistrados del Poder Judicial en un año sumaron 84 puestos y pasaron de 2.310 a 2.394 cargos, con una remuneración promedio de $ 224 mil, los mejores pagos del Estado. El Poder Legislativo, en tanto, sumó 31 puestos y pasó de 1.392 a 1.423. Y el segmento autoridades del Ejecutivo y Legislativo pasó de 581 a 584. Epec se desmarcó En 2017, la planta de personal de Epec era de 4.002 trabajadores; en 2018 bajó a 3.580 y en 2019, a 3.267, según datos de Epec. A este número hay que sumarle 544 trabajadores a los que les faltaban hasta 10 años para jubilarse y que tomaron una pasividad anticipada. Pasaron a cobrar entre el 60% y el 70% del salario y pueden trabajar en el sector privado. Administración general Los aumentos en el último año van del 22% al 30%, aunque hay que sumarles a los ingresos los bonos compensatorios, que no cuentan a la hora de pagar jubilaciones y pensiones. Con esas sumas extras, los ingresos liquidados se acercan al 40% en las categorías más bajas. La Provincia desenganchó la “cláusula gatillo”. Los bancarios, para arriba: 70% de suba En un año 2019 en que la devaluación y la inflación castigaron fuerte los bolsillos de los trabajadores, los bancarios fueron el sector de la administración estatal que mejor se plantó. Casi todos los meses recibieron actualizaciones, lo que llevó a una suba anual del 70 por ciento. El sueldo promedio cerró 2019 en 122 mil pesos, cuando un año atrás era de 72 mil pesos. 05-Variacion-salarios-publicos_1578189491.jpg Municipalidad. A octubre, la planta bajó en 132 personas. (La Voz/ Archivo) DATA_ART_4632305_1578189744.jpg DATA_ART_4632302_1578189756.jpg DATA_ART_4632300_1578189767.jpg Provincia. Cerró 2019 con más de 1.100 agentes públicos menos que el año anterior. (La Voz/ Archivo) Municipalidad. A octubre, la planta bajó en 132 personas. (La Voz/ Archivo) DATA_ART_4632305_1578189744.jpg DATA_ART_4632302_1578189756.jpg DATA_ART_4632300_1578189767.jpg

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El crédito para la autovía 38 depende del aval de la Nación

En lo que se podría convertir en la obra emblemática de este tercer mandato no consecutivo del gobernador Juan Schiaretti, el Gobierno provincial gestiona el aval del Gobierno nacional por un crédito de 75 millones de dólares para la continuidad de la autovía 38, hoy paralizada por falta de recursos y también por reclamos de ambientalistas. En medio de la distante relación política que hoy existe entre el gobernador Schiaretti y el presidente Alberto Fernández, este proyecto de vital importancia para el Valle de Punilla depende de un buen vínculo institucional entre ambas administraciones. La Corporación Andina de Fomento (CAF) tiene aprobado para Córdoba el crédito de 75 millones de dólares, destinado a seguir con la construcción de la autovía 38, que ya arrancó con siete kilómetros desde la Variante Costa Azul y que incluye el nuevo puente sobre el lago San Roque, bautizado con el nombre del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota. Este financiamiento externo necesita del aval del Gobierno nacional, en un contexto desfavorable para el anhelo del gobernador de revitalizar al principal valle turístico de la provincia: el presidente Alberto Fernández ha dicho que su plan para equilibrar la economía es que el país no tome más deuda en dólares. Sobre el proceso para conseguir el crédito, en diciembre pasado se dio una situación particular. Si bien en primera instancia la CAF ya tiene decidido financiar este proyecto de infraestructura, faltaba la “conformidad” de la Nación para que el directorio del organismo de crédito confirmara el desembolso de los fondos. El plazo para enviar esa conformidad vencía el 31 de diciembre último. Como se trataba de los primeros días del nuevo gobierno nacional y no había un contacto aceitado con el poder central, la Provincia recurrió al senador nacional Carlos Caserio para que hiciera una gestión ante el secretario de Planeamiento Estratégico de la Nación, Gustavo Béliz. Aunque la negociación estuvo rodeada de un marcado hermetismo, fuentes del Centro Cívico y del entorno del senador Caserio confirmaron a La Voz que esa gestión tuvo éxito y que el funcionario nacional envió a la CAF la carta de conformidad para que el financiamiento no se cayera. Más allá de que hoy es distante la relación entre el gobernador y el único senador del PJ cordobés, que Punilla sea el territorio político de Caserio influyó para que intercediera ante la Casa Rosada. No se trata del aval definitivo de la Nación para este crédito, que tiene un plazo de devolución de 12 años. Aún falta un paso previo a los desembolsos: la gestión del presidente Fernández deberá dar el último aval para que se concrete el financiamiento. Si bien en el Gobierno provincial confían en poder encaminar la negociación con la Casa Rosada, el gobernador Schiaretti deberá sortear una decisión política fuerte: el Presidente rechaza que el país contraiga más endeudamiento en dólares. No obstante, en privado, Schiaretti se muestra confiado en que Alberto Fernández dará el visto bueno, teniendo en cuenta que se trata de un préstamo a largo plazo, para una obra de infraestructura y no para gastos corrientes. La cuestión ambiental La firma del Gobierno nacional no es el último escollo para mantener a flote este proyecto. La cuestión del impacto ambiental también es un tema por resolver. Como se recordará, en marzo de 2018, en medio del reclamo de los ambientalistas de esa zona de Punilla, Schiaretti decidió paralizar la obra de la autovía. Durante muchos meses, no hubo novedades, hasta que en octubre pasado los principales funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de la empresa Caminos de las Sierras se reunieron con las entidades ambientalistas para consensuar un proyecto que no afectara el medioambiente. En ese marco, la prioridad de la Provincia es conseguir el financiamiento. La CAF garantizó apoyo para el país Cuando aún era presidente electo, Alberto Fernández se reunió en Capital Federal con el presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Luis Carranza, quien le aseguró que seguía en pie un crédito de cuatro mil millones de dólares programado para la Argentina para los próximos cuatro años. En aquel momento, Alberto Fernández recibió a la cúpula de la CAF en las oficinas que había montado en Buenos Aires para llevar adelante la campaña en la que se impuso a Mauricio Macri en las elecciones del domingo 27 de octubre. En este crédito para el Gobierno nacional no está influido el financiamiento para la obra de la autovía 38 en el Valle de Punilla cordobés, pero en el Centro Cívico ven con buenos ojos que la CAF tenga una relación cercana con el nuevo presidente de la Nación. “Apoyaremos a sectores prioritarios en áreas como infraestructura y energía; manejo de recursos hídricos; educación; ciudades, y Pyme, para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, dijo en aquel momento Carranza, titular de la CAF. De esos cuatro mil millones de dólares, 1.500 millones están disponibles para el Gobierno nacional. En este contexto, el gobernador Juan Schiaretti es optimista de conseguir el aval del Presidente para la obra de la autovía 38, vital para el turismo en Punilla. Obra millonaria y con polémica Seis mil millones de pesos para llegar hasta Cosquín. A través de un decreto, en marzo de 2018 el gobernador Juan Schiaretti resolvió que la construcción de la autovía 38 quedara bajo la órbita de la empresa Caminos de las Sierras, que depende del ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa. Los 75 millones de dólares del crédito de la Corporación Andina de Fomento alcanzaría para construir dos tramos: San Roque-Cosquín y Cosquín-Casa Grande, que comprende 21,6 kilómetros. De todos modos, el Gobierno provincial debe consensuar con los ambientalistas una nueva traza para no afectar los bosques nativos que existen al este de la ruta 38. Reunión. Alberto Fernández, con la CAF, en noviembre. (Frente de Todos) Obra. La autovía 38 ya arrancó. Están inaugurados los siete primeros kilómetros, que incluyen el puente sobre el lago San Roque. (Pedro Castillo / Archivo) Reunión. Alberto Fernández, con la CAF, en noviembre. (Frente de Todos)

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