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Las nuevas autoridades de Fadea aseguran “continuidad” de negocios

Las nuevas autoridades de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea SA) asumieron ayer sus funciones y la presidenta será una conocida de la casa, la doctora ingeniera Mirta Iriondo, quien ya cumplió funciones en la empresa estando en el Ministerio de Defensa durante la presidencia de Cristina Fernández. Iriondo celebró la designación y dijo que asumió para dar continuidad a los proyectos de negocios que la firma acordó en la gestión anterior, a cargo de Antonio Beltramone. En la mente de quien hasta ayer fue la decana de la Facultad de Astronomía, Matemáticas y Física de la Universidad Nacional de Córdoba (Famaf-UNC), está la de llevar “transparencia y calidad” a los procesos de Fadea. También mencionó que se buscará ampliar la cartera de clientes. La fábrica funcionó hasta ayer bajo la dirección de Beltramone. Hubo una reunión de accionistas, en la que el Estado es socio mayoritario, y allí la anterior conducción presentó un informe a las nuevas autoridades. Desde el ministerio llegaron a Córdoba para el traspaso la secretaria de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa, Daniela Castro, y Mariano de Miguel, subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa. Luego, los nuevos funcionarios brindaron una conferencia de prensa en el Hangar 90, donde se desarrolla el proyecto de aviones Pampa. Allí, en primera línea se mostró uno de los aviones que están por ser entregados a la Fuerza Aérea Argentina. A Iriondo la acompañarán directivos de experiencia en proyectos de Fadea como el ingeniero Franco Giuggioloni, docente del Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) y quien ya fue vicepresidente de la fábrica entre los años 2013 y 2015 y además desarrolló tareas de dirección en el Ministerio de Defensa. También continúa el brigadier César Cunietti, quien es director general de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea. Un funcionario que regresa a la gestión de la fábrica para integrar el directorio es el abogado Horacio Viqueira. Estratégico Castro resaltó ayer, respecto de los objetivos de la empresa, que “la intención es trabajar con todo el sistema”, meta que calificó como “estratégica” para el Estado argentino. “Tenemos que pensar en articular conocimiento. Esto significa relación con el sistema científico tecnológico, no sólo de Defensa, sino con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) o el Invap y otras instituciones”, dijo la funcionaria. Además, agregó que el Gobierno va a “pensar la industria de la defensa como un sector que puede generar un impacto positivo en todo el esquema económico productivo de la Nación, sabiendo que la producción en Defensa es estratégica para la soberanía”. Castro recordó que el presupuesto para 2019 invertido por el Estado nacional para Fadea fue superior a los 200 millones de pesos, pero resaltó la política de Beltramone, que amplió la ejecución de presupuesto con la llegada de clientes del sector privado. Rossi En otro aspecto, Castro mencionó que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, gestionó la semana pasada destrabar las importaciones para la producción nacional que afectaba a las fábricas del Estado y en las que tiene participación mayoritaria. “El ministro llevó adelante una gestión con el Banco Central para levantar los topes de 90 días para los pagos que se hacen al exterior para insumos. Esa restricción se levantó y se van a poder encargar los insumos del exterior”, dijo Castro al hablar de la continuidad de los proyectos de Fadea. Incluso, agregó que “es política del Gobierno sustituir todas las piezas que se puedan”. Por otro lado, y en acuerdo con la nueva presidencia, Castro explicó que, a medida que haya “mayor cantidad de proyectos, habrá mayor cantidad de trabajadores”. Días previos a la asunción de las nuevas autoridades, un grupo de extrabajadores despedidos durante la anterior gestión reclamó la reincorporación. Hoy Fadea emplea a uno 860 trabajadores, según fuentes de la empresa. “Necesitamos personal capacitado en función de los proyectos que tengamos”, remarcó Castro. Iriondo, por su parte, puntualizó que “no se va a tomar nuevo personal si la fábrica no lo puede sustentar”. “Está avanzando bien la fábrica. En la medida en que nosotros podamos avanzar en la sustentabilidad de la empresa y sea necesario tomar personal, por supuesto que vamos a tomar”, agregó. “Vamos a sostener lo que se venía haciendo” La flamante presidenta de Fadea, Mirta Iriondo, ocupó un lugar que ya conoce desde 2007, cuando asumió al frente de la Dirección General de Planificación Industrial, dependencia que estaba bajo la órbita de la ministra de Defensa, Nilda Garré, durante el gobierno de Cristina Fernández. Desde allí impulsó el traspaso al Estado de la otrora Fábrica Militar de Aviones al ámbito del ministerio y la creación de la sociedad anónima que bautizó como Fábrica Argentina de Aviones Brigadier Juan Ignacio de San Martín. En su nombramiento, fuentes del peronismo indicaron que, además de su currículum, influyó la buena relación que Iriondo tiene con el sector comandado por Gabriela Estévez, miembro de La Cámpora, y con el espacio no justicialista que apoya a Alberto Fernández. Ayer, Iriondo recorrió las instalaciones y en conferencia de prensa anticipó que “el objetivo es sostener todo lo que se ha venido haciendo”. “Vamos a seguir hasta inclusive con los horarios que había antes de las reuniones de gerentes”, dijo a modo anecdótico. Iriondo expresó que hará una evaluación del funcionamiento de la empresa, aunque el traspaso fue abrupto. Ayer se reunió con los accionistas y recibió el informe de la anterior gestión, pero apenas pudo interiorizarse de números y contratos, según se desprendió de la conferencia de prensa. La exdecana del Famaf dijo que actuará como lo hizo en anteriores gestiones y buscará enfocarse en mejorar “todos los procedimientos de transparencia y de calidad”. “Soy muy ejecutiva, meta que uno plantea, meta que se tiene que cumplir en tiempo y forma”, dijo la ingeniera. En uno de los hangares de la fábrica ubicada sobre avenida Fuerza Aérea al 5500, Iriondo envió un mensaje al personal en funciones. “El mensaje para ellos es que vamos a seguir en este proceso de producción que está teniendo la fábrica y vamos a agregar más”, aseguró. Los negocios de Fadea: Que recibe la nueva gestión Aviones Pampa y contratos con aerolíneas y con Nordex. Fadea realiza la reparación de aviones para las aerolíneas Flybondi y JetSmart, y tiene un acuerdo con Etihad Engineering, de los Emiratos Árabes, para el mantenimiento de cabinas de aeronaves de las familias Boeing 737 y Airbus 320 de la empresa Latam en Sudamérica. Produce el Pampa III (IA63) y en breve entregará el sexto a la Fuerza Aérea. Provee a Embraer (Brasil) de estructuras para el avión KC-390 y pone a nuevo ocho helicópteros comprados a Italia para el Ejército. Desde el año pasado se alió con Nordex para producir aerogeneradores en una línea de montaje con capacidad anual de hasta 150 aerogeneradores de la gama de tres MW. Presidenta. Mirta Iriondo asumió al frente de la fábrica. (Javier Ferreyra) Directorio. De izquierda a derecha, Giuggoloni, Iriondo, Castro, Viqueira y el brigadier Cunietti. (Javier Ferreyra) Presidenta. Mirta Iriondo asumió al frente de la fábrica. (Javier Ferreyra)

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Guzmán canjeó casi $ 100.000 de deuda

El Gobierno nacional salió airoso ayer de su primer gran test de deuda en el mercado local: canjeó el 44% de los títulos en pesos que quería cambiar, por el equivalente a unos 99.612 millones de pesos, y logró una reducción del pasivo por casi dos mil millones. Si bien el canje estuvo lejos del del stock total de letras capitalizables (Lecaps), la administración de Alberto Fernández logró uno de sus principales objetivos: se sacó de encima una mochila de casi 100 mil millones al menos durante el primer semestre. Es que los vencimientos de las Lecaps se ubicaban entre febrero y abril, de forma abultada. Y, ahora, las flamantes letras a tasa Badlar (Lebads) permiten oxigenar el cronograma de pagos estirando los plazos a entre 240 y 335 días. Operadores del mercado financiero porteño indicaron ayer a La Voz que esta operación además despejó el camino para pagos de otros títulos, por lo que dieron casi por descontado ahora el cumplimiento del bono Nación dual (AF20), con vencimiento el 13 de febrero. “Fue un canje voluntario a valores del mercado”, afirmó el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, al comunicar a la prensa el resultado de la licitación en el Palacio de Hacienda. Un estrecho colaborador del ministro de Economía, Martín Guzmán, le dijo luego a La Vozque la adhesión fue “de algo más del 40%”, mientras que los operadores financieros consultados la calcularon en el 44%. La fuente oficial destacó que “los adherentes canjearon los bonos con vencimiento más corto por uno más largo y de menos interés, lo que generó una baja de casi dos mil millones en la deuda”. “Los bonos más largos los mantuvieron, pensando que tendrán mejor tasa. No es poco porcentaje de canje: casi 100 mil millones es una cifra impensada semanas atrás”, admitió el funcionario. Operadores consultados por este diario afirmaron que hay que tener “cautela” para festejar, porque no se informó oficialmente cuál fue el rol de los bancos públicos y privados en la operatoria, dado que tenían cerca del 40% del stock circulante de las letra por canjear. Pero reconocieron no obstante que fue un buen resultado. Así el Gobierno pateó pagos que podían complicar sobremanera el desenvolvimiento fiscal del primer semestre, debido a los vencimientos de un título que originalmente fue emitido por 214 mil millones por el macrismo. Sergio Chouza, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda y afín al Gobierno, aseguró que el resultado es “muy destacable” porque “se empieza a normalizar la curva de vencimientos después de esa locura de defaultear deuda en pesos” en la que incurrió el macrismo. La cartera que conduce Martín Guzmán anunció que en la licitación de canje efectuada durante cinco horas el lunes recibió un total de 263 ofertas por un total de las letras de capitalización (Lecaps) de 99.612 millones de pesos, las que cambió por letras a tasa Badlar (Lebads). Esta operación redundó en una reducción del stock de deuda de 1.978 millones de pesos y en una extensión de plazos en términos de vida promedio calculados a la fecha de liquidación. Con esta estrategia, la gestión Fernández buscó también comprimir los márgenes en la curva de los títulos en pesos. Las nuevas letras, conocidas como Lebads, vencen en septiembre y en diciembre, y pagan una tasa nominal anual (TNA) de 41,1% y de 42,6%, respectivamente. El Gobierno salió al mercado para canjear títulos de deuda que habían sido emitidos en septiembre 2018 por la administración del expresidente Mauricio Macri, en medio del primero de los dos grandes estreses financieros registrados a lo largo de su mandato. Si bien el macrismo no habría hecho canjes, esta estrategia se parece a una continuidad de aquel reperfilamiento anunciado por el exministro Hernán Lacunza en agosto de 2019, cuando el Gobierno se percató de que no iba a poder pagar los vencimientos, lo que hizo caer el valor de las Lecaps. La dos decisiones tienen un mismo objetivo: patear pagos para adelante, con la idea de que la economía crecerá en los próximos meses y el fisco estará mejor posicionado para poder afrontar los vencimientos. Economía. El ministro logró salir airoso del primer test de deuda del gobierno de Fernández. (Presidencia / Archivo)

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El CEO de Google destaca la necesidad de regular la Inteligencia Artificial

El CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, ha subrayado la necesidad de regular la Inteligencia Artificial (IA) para analizar cómo hacer uso de esta nueva tecnología. Pichai ha señalado que las empresas como Google no pueden crear nuevas tecnologías y "dejar que las fuerzas del mercado sean las que determinen cómo se usan". En un artículo de opinión en el diario Financial Times, el CEO de Google ha recalcado que la IA es una de las tecnologías más prometedoras que busca "mejorar miles de millones de vidas" y ha recordado los últimos tres proyectos presentados por Google en el ámbito de la salud, cambio climático y aerolíneas basados en IA. Asimismo, Pichai ha afirmado que "la historia está llena de ejemplos sobre cómo las virtudes de la tecnología no están garantizadas" y ha insistido en que existen "verdaderas preocupaciones sobre las posibles consecuencias de la IA, desde los 'deepfakes' hasta el mal uso del reconocimiento facial". "No tengo dudas que la Inteligencia Artificial necesita ser regulada. Es muy importante. La única cuestión es cómo hacerlo", ha asegurado. Pichai también ha recordado que Estados Unidos y la Unión Europea han comenzado ha desarrollar propuestas regulatorias y ha destacado que la "coordinación internacional" será esencial. "Deben adoptar un enfoque proporcionado, equilibrando los daños potenciales, especialmente en áreas de alto riesgo, con oportunidades sociales", ha aseverado. Además, Pichai ha dicho que Google ofrece "nuestros conocimientos, experiencia y herramientas mientras nos enfrentamos juntos a estos asuntos" y ha considerado que "cualquier empresa que desarrolle nuevas herramientas de Inteligencia Artificial también debería adoptar principios que guíen el desarrollo y procesos de revisión rigurosos". La semana pasada salió a la luz que la Comisión Europea planea la posibilidad de prohibir el uso de la tecnología de reconocimiento facial en lugares públicos durante un periodo de hasta cinco años para avanzar en el desarrollo de soluciones que mitiguen los riesgos que supone, algo que se recoge en un borrador de un libro blanco sobre IA. El objetivo de esta posibilidad es ofrecer una "perspectiva europea" que "promueva el desarrollo y la adopción de la IA en toda Europa, mientras se asegura que la tecnología se usa de una forma que respete los valores y principios europeos". La versión final de este borrador se presentará en febrero, como parte de una revisión más amplia de la regulación de la tecnología de IA. Vaticano El Vaticano y empresas tecnológicas de primera línea, como Microsoft e IBM, firmarán una "carta ética" sobre inteligencia artificial que será también ratificada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). Será en el marco de un seminario "por una inteligencia artificial humanista", organizado por la Santa Sede, que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero. Allí se pedirá a empresas y organismos que suscriban una "carta ética" en la materia, adelantó a Télam el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, monseñor Vincenzo Paglia, organizador del encuentro. Entre los confirmados para la reunión están el presidente de Microsoft, Brad Smith; el vicepresidente ejecutivo de IBM, John Kelly III; el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli; y el director general de la FAO, Qu Dongyu. Según explicó Paglia, la idea es plasmar, a modo de conclusión, la firma de una "carta ética" para ayudar a las empresas en un camino de evaluación de los efectos de las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, de los riesgos que tienen y de posibles vías de reglamentación. "El riesgo es que, con el desarrollo de la inteligencia artificial, el acceso y la elaboración a esas tecnologías se vuelvan exclusivamente reservados a los grandes holding económicos o a los sistemas de seguridad", planteó Paglia. "En otras palabras, está en juego la igualdad en la búsqueda de información, ya que si no hay una acción, las sofistificaciones estarán reservadas exclusivamente a quien pertenece a grupos privilegiados", planteó. En septiembre pasado, el papa Francisco pidió usar la robótica y la inteligencia artificial para el "bien común" y reclamó que los "progresos tecnológicos" se usen para "disminuir las desigualdades económicas, educativas, tecnológicas, sociales, y culturales", al hablar frente a casi 200 participantes del encuentro de tres días sobre "El bien común en la era digital" que organizó el Vaticano junto a empresas de tecnología de todo el mundo. ObtenerFoto_1579520676.jpg

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Gremios piden $ 4 mil y respeto de sus convenios

Los gremios celebran la suba de 4.000 pesos que dispuso el Gobierno nacional, pero hay disconformidad ya que avizoran dificultades en su cumplimiento. Y no sólo eso: además, piden que las cámaras empresariales respeten las cláusulas de revisión vigentes. En la primera semana de enero, el presidente Alberto Fernández decretó un incremento “solidario” para el sector privado, pero ya hay empresarios que anticiparon dificultades para pagarlo. Por los acuerdos firmados, varios sindicatos esperan la activación de revisiones de los salarios de su sector con este nuevo dato. Sin embargo, algunos empresarios acusan dificultades en el cumplimiento de estas pautas y ponen una disyuntiva sobre la mesa: el bono o la cláusula. “Está prevista una cláusula de revisión a fines de enero, pero lo de los cuatro mil pesos creo que plancha esta posibilidad”, dijo la secretaria adjunta de la CGT regional, Hilda Bustos, esta semana al referirse a su sector el gremio Gráfico. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó los números del alza de precios de diciembre y completó el casillero del año 2019 con un 53,8 por ciento de inflación, la más alta en 28 años. Los sindicatos que mejor quedaron posicionados en las negociaciones paritarias del año pasado fueron el Aceitero (que obtuvo una suba anual del 54,1 por ciento), La Bancaria (que logró un 50 por ciento de aumento más cláusula gatillo por inflación) y, en el caso local, el Suoem (que lleva acumulado un aumento del 51,87 por ciento hasta diciembre) a la espera de un nuevo aumento también ajustado por la inflación de diciembre. Los municipales cordobeses tuvieron algunos roces con la administración del Palacio 6 de julio y salieron a denunciar, en los primeros días del año que el Ejecutivo municipal de Martín Llaryora no les garantizaba el pago de la cláusula gatillo por inflación. Finalmente, se cumplió. Acuerdos El resto de los gremios, muy por debajo de la inflación, pide a los empresarios ajustarse a los convenios celebrados durante 2019. Varios tienen revisiones este verano y, a pesar de haber pautado el aumento de 4.000 pesos, insisten en que los empresarios cumplan lo acordado. Cabe destacar que muchos de estos sectores también recibieron un adelanto de 5.000 pesos a cuenta de futuros aumentos, bonificación que fue decretada por Mauricio Macri. Algunos gremios ya denunciaron que las empresas no están respetando el “aumento solidario” y las cláusulas vigentes. Es el caso de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), que conduce nacionalmente el cordobés Héctor Morcillo. El gremio, que reúne a los trabajadores de un potente sector industrial, tiene paritaria de mayo a abril. Para el periodo 2019 logró un aumento del 38 por ciento (que fue pautado en seis tramos). Una porción de este aumento (8 por ciento) compensó la pérdida del poder adquisitivo de la paritaria anterior, en enero le corresponde un 7 por ciento y en marzo, un 5 por ciento; pero Morcillo afirmó que las negociaciones para pagar estas dos revisiones se empantanaron con la llegada del aumento decretado nacionalmente. “La cámara empresaria se niega al cumplimiento de la cláusula de revisión aduciendo el nuevo decreto del Gobierno, cosa ilógica e inaceptable porque el propio decreto establece que no tiene nada que ver con las cláusulas de revisión”, dijo Morcillo esta semana y adelantó que denunció esta situación ante el Ministerio de Trabajo. Para el dirigente gremial, “todo esto lo que esconde es una presión al Gobierno nacional para que les financie cómo pagar el aumento”. “En el último año de gestión del gobierno de Macri quedamos abajo, perdimos un 10 por ciento el año pasado”, afirmó el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (Agec), Pablo Chacón. El referente sindical acuerda con poner todas las variables –las revisiones y los bonos– sobre la mesa a la hora de negociar la nueva paritaria. En su caso, logró un 30 por ciento de aumento, pero ahora reclama reabrir paritarias con un piso de 22 por ciento de incremento hasta abril. Gustavo Pedrocca, secretario general del gremio de vigiladores Suvico, se mostró firme en cuanto a las diferencias del bono y los convenios paritarios. “Lo mismo que pasó con el decreto de Macri. Nosotros no lo computamos con lo que se firmó, no tienen nada que ver, van por carriles separados e impactan los dos en el sueldo”, afirmó. A su vez, el dirigente reclamó el 7,5 por ciento remunerativo que les corresponde en enero. “Luego tenemos los 3.000 y en marzo los 4.000 pesos. A la cámara ya se le dijo que no se acepta ni una mesa de diálogo ni una discusión al respecto. Se paga o se paga, está firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo”, reforzó. El gremio de la construcción, Uocra, cerró una paritaria que los colocó en línea con la inflación y se abrazan al aumento por decreto. “Estos 4.000 pesos representan para nosotros un 15 por ciento más”, reconoció Néstor Chavarría, secretario general de Uocra seccional Córdoba. El sindicalista dijo que se puede conversar con las cámaras empresarias la forma de pago. “Nosotros nos podemos sentar a discutir que nos podemos demorar dos días, tres, cinco o 10 días; lo que no podemos discutir es que no se pague, porque pagar, se tiene que pagar, expresó. Provincia Los empleados provinciales tienen este mes de enero la incorporación de un 6 por ciento en el salario producto del blanqueo de 1.250 pesos de un pago adicional extraordinario pautado con el gobierno de Juan Schiaretti. Hasta agosto del año pasado, los estatales iban a la par con la inflación cuando el Gobierno provincial decidió desactivar la cláusula gatillo y acordó sumas fijas no remunerativas para los últimos meses del año. En ese entonces, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la suba de precios acumulada entre enero y septiembre se ubicó en el 37,7 por ciento y el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, defendió las sumas fijas al asegurar que estuvieron en orden con la inflación. En septiembre y octubre recibieron sumas fijas por un total de 3.000 pesos y para noviembre y diciembre acordaron un aumento de esas sumas hasta 3.500 pesos (un 4 por ciento del salario). El nuevo decreto de Fernández que apunta a dar el “aumento solidario” también a los empleados estatales nacionales no afectó a los trabajadores de la provincia ni a los municipales. En febrero, los empleados públicos esperan sentarse a la mesa paritaria y negociar la pauta 2020. Aumento: A estatales de Nación Se incorporan $ 4 mil a los salarios de enero y febrero. El incremento por decreto alcanza también a los estatales nacionales que cobran hasta $ 60 mil. El gremio ATE pidió, sin éxito, que este aumento alcance a la Provincia y a la Municipalidad. 20-Acuerdos-gremios_1579486863.jpg Salario. Suoem protagonizó "chispazos" por su revisión salarial. (P. Castillo) Queja. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recibió reclamos de empresarios por el incremento solidario. (Télam) Salario. Suoem protagonizó "chispazos" por su revisión salarial. (P. Castillo)

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