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Transporte: no habrá más subsidios para provincias por 120 días

La primera gran disputa entre los gobernadores, incluso los del PJ, y la Casa Rosada acaba de desatarse por los subsidios al transporte urbano de pasajeros, ante la negativa oficial de transferir más fondos para respaldar el “congelamiento” de tarifas por cuatro o seis meses que pide el propio presidente Alberto Fernández. Calificadas fuentes del Gobierno nacional dijeron a este diario que no habrá fondos para las provincias y municipios al menos por 120 días. En ese plazo, se analizará un nuevo esquema de subsidios “más federal” que el actual, para lo que será determinante la expansión de la Red Sube, que opera hasta el momento en 39 ciudades. Algunas provincias como San Juan ya anunciaron el congelamiento de tarifas por 180 días. Y otras como Santa Fe, Chaco y Mendoza avisaron, en la voz de sus gobernadores, que el sistema es inviable sin los fondos nacionales. Ayer, el Concejo Deliberante de Viedma, en Río Negro, ya autorizó un incremento del 26 por ciento para el boleto. En el país hay 25 municipios (de grandes ciudades) que hasta noviembre recibieron subsidios por 950 millones de pesos y aún está pendiente el pago de diciembre por unos 180 millones de pesos. Y son 16 provincias las que necesitan fondos para afrontar el congelamiento, tras haber recibido recursos por unos 4.690 millones de pesos en 2019. En septiembre de 2018, la gestión de Mauricio Macri y los gobernadores acordaron en el Pacto Fiscal que serían los municipios los que se harían cargo de los subsidios al transporte urbano local y las provincias al interurbano. Y se establecieron algunas compensaciones específicas sólo hasta diciembre de 2019. Pero los resultados de aquel pacto no llegaron y la situación financiera se complicó. “El que sacó los subsidios al interior fue Macri. Y dejó al país en una situación tan complicada que ahora no se pueden restablecer porque no hay recursos. Pero claro está que el espíritu es resolver la inequidad entre el Amba y las provincias, porque deben terminarse los ciudadanos de segunda. Necesitamos tiempo”, afirmó ayer un colaborador del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, a La Voz. En la Casa Rosada, en tanto, comentan que las provincias contarán este año con unos 60.000 millones de pesos que no tenían previstos, debido a la suspensión de la baja de impuestos locales que se acordó en diciembre cuando se suspendió por un año la aplicación del Pacto Fiscal. Entienden que de allí deben sacar el dinero para subsidiar el boleto. El plan que viene El objetivo de la iniciativa del nuevo Gobierno es establecer “una tarifa base por pasajero”. Y a partir de ese piso, cada gobierno provincial o municipal podrá establecer el precio del boleto que considere necesario para la sostenibilidad del sistema. El objetivo de Nación es que la tarifa del transporte no sea “prohibitiva”. La tarifa base, explicaron las fuentes consultadas, permitiría a la Nación tener un mayor control sobre el costo real del boleto por kilómetro recorrido. “Habría uniformidad de criterio y más transparencia”, dijeron las fuentes oficiales. Y eso gatillaría un diferencial de subsidio por pasajero que pagaría la Casa Rosada. Por ello, al menos hasta mayo no habrá un peso para ninguna de las provincias. La prioridad está puesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires para 200 líneas de colectivos como para los siete ramales de trenes, que a diario transportan a 15 millones de personas. Sí en cambio se seguirán girando recursos para los servicios interprovinciales que siguen bajo jurisdicción nacional y a los servicios de larga distancia. Para ello, se destinarán entre 450 y 500 millones de pesos entre enero y abril, precisaron desde el Gobierno. Córdoba Este diario consultó a la Provincia y también al gobierno de la Municipalidad. En ambos casos, dijeron que no darían una respuesta hasta esperar la comunicación oficial desde Casa Rosada. Suspensión. Desde el Ministerio de Mario Meoni avisan que no habrá dinero para el transporte. (Clarín)

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Incluirán a la carne en la Tarjeta Alimentaria

El Gobierno nacional convocó a los frigoríficos y a otros integrantes de la cadena bovina con la intención de poner en marcha algún mecanismo que beneficie a los tenedores de la Tarjeta Alimentaria y que además sirva para estimular el consumo entre los sectores más postergados. Para eso, funcionarios nacionales encabezados por la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, mantuvieron el 26 de diciembre una reunión con representantes de la industria frigorífica, con carniceros, con productores ganaderos, con la Cámara Argentina de Feedlots, con consignatarios de hacienda, con supermercados y con sindicalistas del sector. “El anhelo de la funcionaria es lograr que las personas beneficiarias paguen alrededor de 100 pesos menos el kilo de carne. De una parte de esta suma se haría cargo el Estado devolviendo el IVA al tenedor de la tarjeta”, explicó Javier Peralta, quien participó del encuentro en representación de la industria frigorífica de consumo. Del encuentro no participaron ni las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace, ni tampoco el consorcio ABC, que nuclea a los frigoríficos exportadores. Por el Ministerio de Agricultura de la Nación tomaron parte el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, y el subsecretario de Ganadería, José María Romero. Anuncio inminente Si bien se había fijado para el jueves una nueva reunión para continuar negociando el mecanismo, hay rumores de que el Gobierno podría anunciar mañana la inclusión de la carne dentro de la tarjeta social. La Tarjeta Alimentaria es un medio de pago del Banco Nación que le permite a su titular comprar cualquier tipo de alimento, excepto bebidas alcohólicas. Se puede usar en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago. Los montos serán de cuatro mil pesos para las personas con un hijo y de seis mil para las que tengan dos o más. Por el momento no se conoce si el beneficio llegará al interior. En abril pasado, el presidente Mauricio Macri había informado un acuerdo con los frigoríficos exportadores para colocar en el mercado interno 120 mil kilos de asado (cortes como costilla, matambre y vacío) a 149 pesos. Pero la iniciativa duró poco debido al escaso peso de la oferta sobre el total de la demanda. ¿Foro por mesa? Además de la puesta en marcha del plan para estimular el consumo entre los sectores de bajos recursos, el Gobierno pretende crear su propia entidad que agrupe a los representantes de las carnes argentinas. Por eso busca desarticular a la Mesa de Competitividad de la Carne, creada durante la Exposición Rural de Palermo en 2015 y que desarrolló una nutrida agenda y resultados durante el gobierno anterior, y sustituirla por una especie de foro argentino de las carnes. Si bien en la práctica estaría conformada por la gran mayoría de las representaciones que participan de la mesa, algunas entidades podrían quedar fuera de la nueva estructura. En diciembre, y anticipándose a cualquier movimiento, la mesa había elegido como presidente a Dardo Chiesa, un dirigente agropecuario expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) con buena relación con el actual gobierno. Arroyo afirmó que orientarán a los beneficiarios al consumo de lácteos El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, lanzó ayer el Plan Argentina Contra el Hambre en la provincia de Chaco, junto con el gobernador Jorge Capitanich, y dijo que este plan “tendrá mucho acompañamiento”, que “va a haber nutricionistas que van a acompañar y plantear permanentemente el consumo saludable” e instó a potenciar la ingesta de leche en las familias. “Vamos a insistir en varias cuestiones: primero en el consumo de leche, de lácteos. Si hay algo que es brutal en la Argentina, es que mes a mes baja el consumo de leche”, expresó el ministro durante su intervención en la firma de un convenio con el gobernador. Chaco es la primera provincia donde se lanza el Plan Nacional Integral Argentina Contra el Hambre. En esta oportunidad, el Gobierno nacional y el provincial firmaron un convenio marco de cooperación con el objetivo de impulsar el desarrollo y la capacitación de Trabajadores de la Economía Popular. Además, se implementará en todo el territorio provincial el reparto de la Tarjeta Alimentaria para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llegará a unas 66 mil familias. En el acto celebrado en el Centro de Convenciones Gala, el ministro dijo que “es muy importante el consumo de lácteos en los primeros años de vida de los chicos”. “Es muy importante además que la tarjeta se oriente a leche, a carnes, a frutas y verduras. La familia define dónde compra, qué compra y cómo lo compra; el Estado orienta en lo básico, en la canasta básica saludable”, agregó el funcionario. Por otro lado, Arroyo insistió en que los problemas de la Argentina son de “hambre y malnutrición”. Respecto de la malnutrición, el ministro dijo que en Argentina hay “una generación de chicos petisos y obesos”, dato que, según indicó, se desprende de los controles de peso y de talla en comedores que el propio funcionario recepta. Arroyo. El ministro de Desarrollo Social estuvo ayer en el Chaco junto al gobernador Capitanich. (Presidencia)

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En un “paquetazo”, el Concejo ratificará el traspaso del agua

En una maratónica sesión en medio del período de extraordinarias, hoy el oficialismo avalará definitivamente el acuerdo rubricado hace 22 días por Juan Schiaretti y por Martín Llaryora, que formaliza el traspaso del contrato con Aguas Cordobesas de la Provincia al municipio. Lo hará, seguramente, después de sortear la presión de la oposición, que pedirá la renegociación del acuerdo y la creación de un ente regulador municipal en materia de servicios públicos. Será en una jornada en la que los concejales debatirán un “paquetazo” de ordenanzas que incluirá, además del traspaso del contrato del agua, 16 proyectos más. En este contexto, los opositores buscarán forzar un debate –en una pelea desigual contra la mayoría oficialista– con un pedido de congelamiento de tarifas por 180 días. Pero resulta difícil que estos planteos opositores prosperen, ya que no figuran en la agenda de la bancada de Hacemos por Córdoba (HPC). Con la ratificación del convenio con Aguas Cordobesas, la Provincia transferirá a la Municipalidad la titularidad del servicio y la cesión del contrato de concesión del servicio público que presta la empresa. Este acuerdo y otro (ya aprobado por el cuerpo deliberativo) le permitirán al municipio avanzar con la idea, compartida con la administración de Schiaretti, de poner en marcha un plan integral de saneamiento a partir de ordenar la provisión de los servicios de agua y de cloacas. “Córdoba se capitaliza con la empresa de agua”, afirmó el intendente capitalino en oportunidad de rubricar este acuerdo junto con el gobernador en el Palacio 6 de Julio, hace tres semanas. Aquella fue la primera foto que buscó transmitir una fuerte señal de sintonía política tras el retorno del peronismo a la capital cordobesa. En ese marco, Schiaretti había destacado que con este convenio con el municipio estaban “poniendo las cosas en su lugar”. Al defender la medida dispuesta por la Provincia, ambos gobiernos remarcaron que la unificación de los servicios de agua y de cloacas en manos de la Municipalidad “hace a una cuestión estratégica”. Patrimonio De ahora en más, el municipio capitalino tendrá la titularidad del servicio de agua potable, en las condiciones que actualmente presta la empresa Aguas Cordobesas. Con la titularidad en sus manos, la ciudad incorpora el patrimonio asociado a este servicio público. Esto implica sumar la planta y el acueducto en construcción que se levanta desde Los Molinos a la planta de Bouwer. El traspaso del contrato, vigente hasta 2027, tiene otro beneficio para la Municipalidad: la gestión de Llaryora empezará a percibir el canon en concepto de derecho de uso de la concesión. El cálculo más moderado por este ítem sería al menos de 200 millones de pesos. Primera lectura El 20 de diciembre, los ediles del oficialismo y gran parte de la oposición (Córdoba Cambia, Evolución y Encuentro Vecinal Córdoba) aprobaron en primera lectura la ratificación de este convenio. Tan sólo los cuatro concejales de la bancada UCR y la concejala Laura Vilches (FIT) rechazaron la transferencia. Luego vino la audiencia pública del 26 de diciembre, en la que se buscaba conocer la opinión de entidades y de vecinos. Pero el encuentro no superó los 10 expositores. Así, el periplo culminará hoy con la sanción definitiva del acuerdo por parte del oficialismo. Hasta ayer, los tres bloques opositores que habían dado su visto bueno en primera lectura no habían adelantado cómo votarán hoy. Todo está sujeto a las conversaciones que se encaren en la mañana de hoy, antes de la sesión, y al grado de respuesta de la bancada de HPC ante los requerimientos opositores. Oposición caliente Se sabe que el clima político en el Concejo Deliberante no es el mismo desde el plenario pasado. Se llegará a la sesión de hoy con un acentuado malhumor de la oposición ante la avanzada de la gestión de Llaryora de aprobar dos paquetes voluminosos de ordenanzas con tratamiento exprés, que hasta hoy ya totalizan 25 iniciativas (10 de la anterior y 16 del plenario de hoy). El arco opositor había acompañado en primera lectura este acuerdo rubricado por la Provincia y el municipio con algunas objeciones, pero sin ánimo de obstaculizar a la gestión llaryorista. Ahora, ante la sesión prevista para hoy, con un nuevo “paquetazo” de al menos 16 proyectos para aprobar, los opositores buscarán dar muestra de unidad para darle más fuerza a su demanda en torno a tres ejes centrales: insistirán con la renegociación del contrato con Aguas Cordobesas, la creación del ente regulador municipal y el congelamiento de tarifas del servicio de agua potable en la ciudad. Desde el oficialismo, advirtieron –en la primera lectura– que no es posible renegociar el contrato con la prestataria del servicio público. A su vez, sostuvieron que para discutir esos temas, primero se debe aprobar el convenio y tomar posesión el municipio. El grado de consenso –si es que lo hay– o de disenso –mucho más probable en este caso– se verá recién hoy, antes de las 14, cuando se encaren las reuniones entre oficialistas y opositores en la previa de la sesión, que tendrán lugar a media mañana. Como se dijo, el temario registraba, hasta ayer, 16 iniciativas que buscarán ser aprobadas. Además del agua, se tratarán ordenanzas sobre la descentralización y cambios en el marco regulatorio de taxis y de remises. Los opositores se unen Los jefes de las bancadas opositoras Juan Negri (Córdoba Cambia), Rodrigo de Loredo (Evolución) y Juan Pablo Quinteros (EVC) presentaron una nota para que se incorporara en el temario de la “megasesión” de hoy un proyecto de ordenanza impulsado por el legislador vecinalista que establece la renegociación del contrato con Aguas Cordobesas en el marco del traspaso de la titularidad desde la Provincia al municipio. Para su tratamiento, los opositores necesitan contar con la voluntad del oficialismo, algo improbable que suceda. De todas maneras, hoy se verá si hay algún grado de negociación antes del arranque del plenario. Los opositores reafirmaron que es factible introducir modificaciones al contrato del servicio de agua potable, y sus cláusulas y convenios anexos. La exigencia se basa en la “imperiosa necesidad de modernizar el régimen tarifario y establecer una correcta mediación entre el prestador y los usuarios”. Hay otros dos puntos en los que coinciden Negri, De Loredo y Quinteros: la necesidad de la creación del Ente de Servicios Públicos Municipal, ya que sostienen que el Ersep es “un organismo de extraña jurisdicción” en lo que respecta al tema tarifario frente el traspaso de un contrato de la Provincia a la órbita de la ciudad. A su vez, los opositores buscarán instalar el debate por la revisión de las tarifas y congelarlas por 180 días por la crisis económica. Algo que, a nivel provincial, pedirá hoy el diputado nacional por el Frente de Todos Eduardo Fernández. “Megasesiones”: Tratamiento exprés La oposición se queja del escaso tratamiento. 26 son las iniciativas giradas por el Ejecutivo al Concejo y que serán tratada en sólo dos sesiones: 10 ya se aprobaron, y hoy se tratan 16. Córdoba Cambia. Negri, junto con De Loredo y Quinteros, buscarán forzar el debate sobre la renegociación del contrato con Aguas. (P. Castillo / Archivo) Maratón. Los concejales comenzarán hoy, a las 14, una sesión que se extenderá por varias horas. (Pedro Castillo) Córdoba Cambia. Negri, junto con De Loredo y Quinteros, buscarán forzar el debate sobre la renegociación del contrato con Aguas. (P. Castillo / Archivo)

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Alberto buscará un acuerdo para eliminar las Paso

El proyecto es manejado con mucho hermetismo en la Casa Rosada. Es probable que pueda anunciarlo el próximo 1° de marzo: el presidente Alberto Fernández les pedirá a sus funcionarios y legisladores que busquen consensuar con la oposición en el Congreso Nacional un proyecto para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para las elecciones legislativas del año próximo. Los argumentos fundamentales son el alto costo que requiere su realización y el hecho de que, en algunas ocasiones, como sucedió el año pasado, los partidos y los espacios políticos no las utilizaron para lo que fueron creadas: dirimir candidaturas. Un interrogante para el debate es saber qué postura tomará la oposición, muy dispersa en la actualidad, y que podría utilizar esa herramienta electoral para unificarse. En el oficialismo nacional aseguran que ya se está discutiendo el tema, pero que aún no hay consenso. El cristinismo duro se resiste a desactivar la iniciativa que fue parida por la ahora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En Cosquín quieren al Presidente y al gobernador El intendente de Cosquín, el socialista Gabriel Musso, arrancó una gestión que parece de difícil concreción: que Alberto Fernández sea el primer presidente que asista al tradicional Festival de Folklore de Cosquín, que este año realiza su edición número 60. A ese objetivo le agregó otro condimento, también de difícil pronóstico: que también esté el gobernador Juan Schiaretti, hoy de relación distante con el jefe del Estado. Como cada año, el intendente de turno cursa las correspondientes invitaciones a la Casa Rosada y al Centro Cívico. Hasta ahora, nunca un presidente asistió al histórico festival. Quien más cerca estuvo de dar el presente fue Carlos Menem, quien en 1995 se encontraba descansando unos días en Villa Carlos Paz y analizó concurrir una noche, pero luego seguridad presidencial le aconsejó que no lo hiciera. El intendente Musso le contó a El Diario, de Carlos Paz, sobre su anhelo, que esconde un objetivo político. “Invitamos al Presidente y al gobernador, y haré gestiones para que ambos concurran alguna noche de esta 60° edición. Sería un honor que Alberto Fernández y Juan Schiaretti viniesen al festival. Es difícil, pero lo voy a intentar”, afirmó el dirigente socialista, hoy aliado del PJ provincial. Schiaretti, ¿en la Casa Rosada? Un dirigente peronista cordobés con llegada a la Casa Rosada aseguró el viernes pasado que esta semana el gobernador Juan Schiaretti será recibido por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. En el encuentro también participaría el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Por ahora, no se menciona que el mandatario provincial vaya a mantener un encuentro con el presidente Alberto Fernández. Según fuentes del Centro Cívico, el gobernador no se tomará vacaciones durante este mes. Uno de los motivos sería que espera una convocatoria de la Casa Rosada. El otro es que preparará el mensaje que brindará en la Legislatura el 1° de febrero, para la apertura del período ordinario legislativo. La negociación por el déficit de la Caja de Jubilaciones y el aval para un crédito para continuar con la autovía 38 son los temas principales que Schiaretti pretende comenzar a negociar con el Gobierno nacional. Una intendenta, sin piedad con un ministro por un pan Liliana Ruetsch, la intendenta de la localidad de Ticino, no anduvo con vueltas ante lo que consideró un paso en falso de un flamante ministro provincial. Sucede que la jefa municipal recibió para las pasadas Fiestas un presente de parte del Ministerio de Industria, que encabeza Eduardo Accastello. El obsequio en cuestión fue un pan de excelente factura, aunque con un problema: era importado. La procedencia del producto era Italia, más precisamente de la región de Isernia, entre las ciudades de Roma y Nápoles. “Cuando el Ministro de Industria y Comercio de la provincia de Córdoba @eaccastellocom te envía como un presente institucional un pan dulce y es importado de Italia... estará todo dicho?”, se preguntó, con tono crítico, la intendenta. Ruetsch ganó la reelección en 2019 por sólo 72 votos frente al candidato de Hacemos por Córdoba. Por ahora, una mudanza en pañales En la flamante legislatura provincial, casi no hay movimientos. El nuevo edificio albergó las últimas sesiones del año pasado y tuvo su debut con pompa para la reasunción del gobernador Juan Schiaretti. Ahora, se espera que, desde la segunda quincena de enero, la actividad se intensifique, en especial con todo aquello concerniente a la mudanza de las oficinas de los legisladores que funcionaban en el viejo edificio del Centro y que se instalarán definitivamente en la estructura de metal ubicada al lado del Centro Cívico. Hay algunos legisladores que han tomado un camino intermedio y ya ocupan oficinas que antes albergaron a legisladores que ya no están en el cuerpo. Es el caso de Francisco Fortuna, el presidente del bloque del oficialismo. El exministro de Salud tiene asignado un amplio despacho en el nuevo edificio, pero entre finales de diciembre y principios de enero ocupa la oficina de su predecesor, Carlos Gutiérrez. Concejales se recomiendan especialistas En la megasesión del viernes 27 de enero en el Concejo Deliberante se produjo una situación llamativa. Cuando el presidente de la bancada de Hacemos por Córdoba, Juan Domingo Viola, defendía los aumentos en los impuestos municipales con el argumento de que se aplicaba un criterio de progresividad, el concejal Rodrigo de Loredo (Evolución) le pidió una interrupción. El excandidato a intendente dijo que Viola había tenido una “expresión del subconsciente”, que había dicho que los que menos tienen paguen más impuestos. De Loredo pidió que se salvara ese supuesto error en el Diario de Sesiones. Viola aceptó el consejo, aunque algo no le cerró. Días después, el edil peronista difundió el video en el que se produce el intercambio. En ningún momento dijo lo que marcó su colega radical. “Le sugiero al concejal que visite a un otorrinolaringólogo”, escribió Viola en su cuenta de Twitter. Y en el mismo posteo sumó el video con el registro de ese momento. Llamosas y La Cámpora, los aliados menos pensados Aún Alberto Fernández no había asumido como presidente cuando el gobernador Juan Schiaretti viajó a Río Cuarto, se puso junto al intendente Juan Manuel Llamosas y reclamó “cuidar al campo porque invierte aquí todo lo que gana”. Un mes antes de que se insinuara un retoque a las retenciones agropecuarias, Schiaretti, con Llamosas a su derecha, plantaba bandera. Sabe de memoria que el peronismo de Córdoba le debe al campo su hegemonía, en general, y la intendencia de Río Cuarto, en particular. Quizá por eso llamó la atención, días atrás, cuando la diputada nacional Gabriela Estévez, jefa de La Cámpora en Córdoba e histórica defensora de las retenciones agropecuarias, participó en un acto de la Mesa de Organizaciones Peronistas de Río Cuarto y blanqueó que la agrupación que a nivel nacional conduce Máximo Kirchner hará campaña por Llamosas, quien tratará de conseguir la reelección el próximo 29 de marzo. Testigos del acto citan a Estévez en estos términos: “Si en la primera disputa electoral desde que asumieron Alberto y Cristina el peronismo unido triunfa con contundencia en esta ciudad, donde la (Sociedad) Rural tiene un peso político tan importante, dará una señal inequívoca de que estamos en el buen camino”. Aquellos dirigentes con algo de memoria recordaron que Llamosas dijo en alguna oportunidad de los seguidores de Cristina Fernández: “Suman dos y restan 50”. Y metieron el dedo en la llaga cuando rememoraron que en 2017 Claudia Márquez, quien recientemente asumió su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, hizo campaña criticando a Macri por incumplir con su promesa de 2015: la eliminación total de las retenciones al campo. De Loredo, anfitrión de la rosca estival La reunión fue el sábado y volvió a mostrar afinidad entre dirigentes de la Unión Cívica Radical. El anfitrión fue el concejal Rodrigo de Loredo, quien invitó a comer (osobuco al horno) a su casa a legisladores, a intendentes y a concejales del radicalismo. Los presentes tienen en común las fuertes disidencias que mantienen con Ramón Mestre, el presidente del partido. Más allá de compartir la comida, que fue maridada con buenos vinos tintos (y guitarreada), los correligionarios trazaron algunos ejes de acción para adelante, en momentos en que el partido no logra salir de la crisis en la ingresó tras las duras derrotas electorales del año pasado. El objetivo está puesto en la renovación de autoridades partidarias, prevista para mitad de año. Este grupo considera que el tiempo mestrista “se agotó”, por lo que buscarán quedarse con las riendas del partido, una empresa para nada sencilla. Entre los presentes, estuvieron los intendentes Rubén Dagum (Almafuerte), José Bría (Morteros), Gustavo Botasso (Hernando), Marcos Ferrer (Río Tercero) y Mauricio Jaimes (La Cruz). También el legislador Orlando Arduh y su par María Elisa Caffaratti. Además del concejal Juan Negri y el angelocista Javier Fabre. Alberto Fernández. (Télam / Archivo)

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Sector público: menos planta, pero más costosa

El año que pasó fue particular: el primero en dos décadas en el que la planta de personal que trabaja en el sector público cordobés se achicó. Levemente, apenas: es un 0,7 por ciento, el equivalente a 1.134 puestos de trabajo, pero es un fenómeno que no se registró nunca, ni siquiera en la crisis de 2001. El recorte no le hace mella al tamaño que el Estado adquirió en estos 20 años, pero al menos no se siguió agrandando. En el año 2000, el primero de Unión por Córdoba que inauguró José Manuel de la Sota, había 105.423 trabajadores en áreas que dependen del Estado provincial. Al término de 2019 son 157.806, un 49,6 por ciento más. Al cierre de 2018, había 158.808 trabajadores. Sin embargo, pagar los salarios a sus trabajadores activos fue, en términos reales, más caro en este 2019 que años atrás, porque los ingresos estuvieron, en muchos casos, por debajo de lo que creció la nómina salarial. La Provincia acaba de cerrar el año que pasó con un crecimiento nominal de la recaudación del 41 por ciento, lo que implicaría una caída del siete por ciento en términos reales. Aunque el dato de inflación de diciembre no está, se estima que cerrará el año entre 54 y 55 por ciento arriba. ¿Cómo les fue a los asalariados públicos? En 2019, los trabajadores del sector público que históricamente estuvieron mejor pagos fueron los únicos que le empataron a la suba del costo de vida. Algo así como una “solidaridad a la inversa”. Así, los magistrados del Poder Judicial, los empleados judiciales, del Banco de Córdoba y de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba son los que, en el período analizado, están mano a mano frente a la inflación. O más, como los bancarios. En tanto, hay trabajadores de la administración central, por caso, con la mitad del aumento remunerativo que reciben sus pares, según los datos publicados en el portal de Transparencia de la Caja de Jubilaciones. Encabezan la lista los empleados bancarios, sector que incluye a 2.637 trabajadores del Banco de Córdoba, 284 de la Caja de Jubilaciones y 296 exempleados del Banco Social: a octubre de 2019 ganaban en promedio 122.275 pesos, cuando en octubre de 2018 el promedio estaba en 71.833 pesos, lo que implica una suba del 70 por ciento. Ese sector recibió subas casi todos los meses: 9,38 por ciento en octubre de 2018, 2,79 en noviembre, 2,57 en diciembre, 10 en enero, 8,64 en abril, 8,79 en julio, 7,69 en septiembre y 3,57 en octubre. En 2019, este grupo sumaba 3.217 trabajadores, 2,3 por ciento menos que los 3.293 de 2018. Le sigue el Poder Judicial, tanto magistrados como empleados, con subas del 54 por ciento: 10 en octubre de 2018, 10 en marzo de 2019, 7,5 en mayo, 7,5 en junio y 10 en septiembre. En el caso de los judiciales, el salario promedio bruto pasó de 60.809 en octubre de 2018 a 93.978 en octubre pasado. En el período, la planta de empleados se achicó en 140 puestos, siempre según los datos de la Caja: pasó de 5.872 a 5.732. Los magistrados, en tanto, pasaron de un salario promedio de 147.799 a 224.655 en el período. Pero con un detalle: es el que más incrementó su plantilla. Tiene 84 puestos más que hace un año: pasó de 2.310 a 2.394, un cuatro por ciento más. Los municipales de la ciudad pasaron de un ingreso medio de 79.757 pesos a 117.497, lo que implica una suba del 47 por ciento, aunque falta incorporar el dato del bimestre septiembre-octubre en ese monto. La planta de personal, a octubre, registra una baja de 132 personas: pasó de 11.011 a 10.879 puestos. Claro que faltan computar los últimos dos meses de la gestión de ocho años de Ramón Mestre. En ese lapso, según las denuncias del ahora oficialismo, se produjeron pases a planta. Epec, en baja respecto del pasado reciente Tradicionalmente, los trabajadores de Epec también formaban parte de este grupo de trabajadores bien pagos y con ajustes por encima de la media. Pero la distribuidora atraviesa desde hace dos años un profundo proceso de reorganización interna en el intento de bajar costos. Buscó acordar con los gremios cambios sustanciales en el convenio laboral, y como la regional Córdoba –la más numerosa– no los convalidó, los aumentos salariales recibidos han sido menores: 13,64 por ciento en enero y cinco por ciento en febrero. El último de 2018 había sido del 10 por ciento en septiembre. El salario promedio pasó de 102.292 pesos a 148.250 pesos. El pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) se liquidó de modo diferente en ambos años, y es por eso que el aumento interanual arroja 31 por ciento. De todos modos, la BAE –que representa alrededor de tres sueldos adicionales para cada trabajador– está prorrateada. La planta de personal pasó de 3.928 a 3.791 activos, aunque en este último dato hay 544 que tomaron la pasividad anticipada: continúan siendo empleados de Epec, con un salario de entre el 60 y el 70 por ciento, hasta tanto alcancen la edad jubilatoria. Panorama estatal En el resto de la administración provincial, los aumentos remunerativos y al básico han sido menores, y se parecen a los que ha recibido el grueso del sector privado: subas de entre el 22 y el 30 por ciento, aunque con bonos que intentaron compensar en parte la pérdida del poder adquisitivo. Para los trabajadores de la salud, los docentes, los policías y todo el resto de la administración central, la Provincia pagó tres por ciento en noviembre de 2018 y cinco en febrero de este año, más mil pesos de suma fija. La negociación de 2019, que abarca desde marzo hasta febrero de 2020, implicó una cláusula gatillo hasta agosto. Así, se abonó 2,9% en marzo; 3,7% en abril; 3% en mayo; 2,9% en junio; 2,4% en julio, y 2,4% en agosto. En todos esos meses, se pagó una bonificación compensatoria de 1.500 pesos (excepto marzo, que fue de 1.300 pesos). Con el argumento de la caída brusca de la recaudación por parte de la Provincia, la “cláusula gatillo” cayó en setiembre y en octubre. Para noviembre se acordó un cuatro por ciento, más un adicional de 3.250 pesos, que se repitió en diciembre. El próximo aumento, del cuatro por ciento, es en enero, con el mismo adicional. Toda la administración pública provincial abarca a 148.401 personas, con un salario promedio de 45.672 pesos. Claro que en el promedio hay matices: un docente gana unos 38 mil pesos y un trabajador de la salud, 58 mil pesos. Si bien las comparaciones son odiosas, muy odiosas, un trabajador provincial representa el 40 por ciento de lo que gana un empleado municipal de la ciudad de Córdoba, con tareas relativamente similares. Una ecuación que no cierra Desde el punto de vista de las cuentas públicas, el gasto en salarios total, entre remunerativos y bonos compensatorios, ha crecido por encima de los ingresos reales de la Provincia, lo que representa un doble problema: tiene trabajadores con pérdida de poder adquisitivo, lo que alentará las presiones gremiales para recuperarlo, pero tiene una mayor participación de los salarios dentro de su gasto total, porque los ingresos vienen perdiendo por goleada frente a la inflación. En 2019, se presupuestó pagar en salarios 95.162 millones de pesos, el 42,4 por ciento de los 224.232 millones de pesos que se previeron recaudar. A septiembre pasado –última ejecución presupuestaria publicada–, se llevan gastados 75.028 millones de pesos, el 78,8 por ciento de lo presupuestado, cuando queda el 25 por ciento del año más el medio aguinaldo. El gasto en personal representaba, a septiembre, el 43 por ciento de los ingresos presupuestados, con el agravante de que la Provincia este año no podrá recaudar lo que había previsto: Ingresos Brutos, por caso, cayó 12 por ciento en términos reales. Sin reactivación económica, la ecuación salarios/gastos será muy difícil de acomodar. Para ambas partes. La planta y sus sectores Los tres que crecieron Los magistrados del Poder Judicial en un año sumaron 84 puestos y pasaron de 2.310 a 2.394 cargos, con una remuneración promedio de $ 224 mil, los mejores pagos del Estado. El Poder Legislativo, en tanto, sumó 31 puestos y pasó de 1.392 a 1.423. Y el segmento autoridades del Ejecutivo y Legislativo pasó de 581 a 584. Epec se desmarcó En 2017, la planta de personal de Epec era de 4.002 trabajadores; en 2018 bajó a 3.580 y en 2019, a 3.267, según datos de Epec. A este número hay que sumarle 544 trabajadores a los que les faltaban hasta 10 años para jubilarse y que tomaron una pasividad anticipada. Pasaron a cobrar entre el 60% y el 70% del salario y pueden trabajar en el sector privado. Administración general Los aumentos en el último año van del 22% al 30%, aunque hay que sumarles a los ingresos los bonos compensatorios, que no cuentan a la hora de pagar jubilaciones y pensiones. Con esas sumas extras, los ingresos liquidados se acercan al 40% en las categorías más bajas. La Provincia desenganchó la “cláusula gatillo”. Los bancarios, para arriba: 70% de suba En un año 2019 en que la devaluación y la inflación castigaron fuerte los bolsillos de los trabajadores, los bancarios fueron el sector de la administración estatal que mejor se plantó. Casi todos los meses recibieron actualizaciones, lo que llevó a una suba anual del 70 por ciento. El sueldo promedio cerró 2019 en 122 mil pesos, cuando un año atrás era de 72 mil pesos. 05-Variacion-salarios-publicos_1578189491.jpg Municipalidad. A octubre, la planta bajó en 132 personas. (La Voz/ Archivo) DATA_ART_4632305_1578189744.jpg DATA_ART_4632302_1578189756.jpg DATA_ART_4632300_1578189767.jpg Provincia. Cerró 2019 con más de 1.100 agentes públicos menos que el año anterior. (La Voz/ Archivo) Municipalidad. A octubre, la planta bajó en 132 personas. (La Voz/ Archivo) DATA_ART_4632305_1578189744.jpg DATA_ART_4632302_1578189756.jpg DATA_ART_4632300_1578189767.jpg

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El crédito para la autovía 38 depende del aval de la Nación

En lo que se podría convertir en la obra emblemática de este tercer mandato no consecutivo del gobernador Juan Schiaretti, el Gobierno provincial gestiona el aval del Gobierno nacional por un crédito de 75 millones de dólares para la continuidad de la autovía 38, hoy paralizada por falta de recursos y también por reclamos de ambientalistas. En medio de la distante relación política que hoy existe entre el gobernador Schiaretti y el presidente Alberto Fernández, este proyecto de vital importancia para el Valle de Punilla depende de un buen vínculo institucional entre ambas administraciones. La Corporación Andina de Fomento (CAF) tiene aprobado para Córdoba el crédito de 75 millones de dólares, destinado a seguir con la construcción de la autovía 38, que ya arrancó con siete kilómetros desde la Variante Costa Azul y que incluye el nuevo puente sobre el lago San Roque, bautizado con el nombre del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota. Este financiamiento externo necesita del aval del Gobierno nacional, en un contexto desfavorable para el anhelo del gobernador de revitalizar al principal valle turístico de la provincia: el presidente Alberto Fernández ha dicho que su plan para equilibrar la economía es que el país no tome más deuda en dólares. Sobre el proceso para conseguir el crédito, en diciembre pasado se dio una situación particular. Si bien en primera instancia la CAF ya tiene decidido financiar este proyecto de infraestructura, faltaba la “conformidad” de la Nación para que el directorio del organismo de crédito confirmara el desembolso de los fondos. El plazo para enviar esa conformidad vencía el 31 de diciembre último. Como se trataba de los primeros días del nuevo gobierno nacional y no había un contacto aceitado con el poder central, la Provincia recurrió al senador nacional Carlos Caserio para que hiciera una gestión ante el secretario de Planeamiento Estratégico de la Nación, Gustavo Béliz. Aunque la negociación estuvo rodeada de un marcado hermetismo, fuentes del Centro Cívico y del entorno del senador Caserio confirmaron a La Voz que esa gestión tuvo éxito y que el funcionario nacional envió a la CAF la carta de conformidad para que el financiamiento no se cayera. Más allá de que hoy es distante la relación entre el gobernador y el único senador del PJ cordobés, que Punilla sea el territorio político de Caserio influyó para que intercediera ante la Casa Rosada. No se trata del aval definitivo de la Nación para este crédito, que tiene un plazo de devolución de 12 años. Aún falta un paso previo a los desembolsos: la gestión del presidente Fernández deberá dar el último aval para que se concrete el financiamiento. Si bien en el Gobierno provincial confían en poder encaminar la negociación con la Casa Rosada, el gobernador Schiaretti deberá sortear una decisión política fuerte: el Presidente rechaza que el país contraiga más endeudamiento en dólares. No obstante, en privado, Schiaretti se muestra confiado en que Alberto Fernández dará el visto bueno, teniendo en cuenta que se trata de un préstamo a largo plazo, para una obra de infraestructura y no para gastos corrientes. La cuestión ambiental La firma del Gobierno nacional no es el último escollo para mantener a flote este proyecto. La cuestión del impacto ambiental también es un tema por resolver. Como se recordará, en marzo de 2018, en medio del reclamo de los ambientalistas de esa zona de Punilla, Schiaretti decidió paralizar la obra de la autovía. Durante muchos meses, no hubo novedades, hasta que en octubre pasado los principales funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de la empresa Caminos de las Sierras se reunieron con las entidades ambientalistas para consensuar un proyecto que no afectara el medioambiente. En ese marco, la prioridad de la Provincia es conseguir el financiamiento. La CAF garantizó apoyo para el país Cuando aún era presidente electo, Alberto Fernández se reunió en Capital Federal con el presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Luis Carranza, quien le aseguró que seguía en pie un crédito de cuatro mil millones de dólares programado para la Argentina para los próximos cuatro años. En aquel momento, Alberto Fernández recibió a la cúpula de la CAF en las oficinas que había montado en Buenos Aires para llevar adelante la campaña en la que se impuso a Mauricio Macri en las elecciones del domingo 27 de octubre. En este crédito para el Gobierno nacional no está influido el financiamiento para la obra de la autovía 38 en el Valle de Punilla cordobés, pero en el Centro Cívico ven con buenos ojos que la CAF tenga una relación cercana con el nuevo presidente de la Nación. “Apoyaremos a sectores prioritarios en áreas como infraestructura y energía; manejo de recursos hídricos; educación; ciudades, y Pyme, para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, dijo en aquel momento Carranza, titular de la CAF. De esos cuatro mil millones de dólares, 1.500 millones están disponibles para el Gobierno nacional. En este contexto, el gobernador Juan Schiaretti es optimista de conseguir el aval del Presidente para la obra de la autovía 38, vital para el turismo en Punilla. Obra millonaria y con polémica Seis mil millones de pesos para llegar hasta Cosquín. A través de un decreto, en marzo de 2018 el gobernador Juan Schiaretti resolvió que la construcción de la autovía 38 quedara bajo la órbita de la empresa Caminos de las Sierras, que depende del ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa. Los 75 millones de dólares del crédito de la Corporación Andina de Fomento alcanzaría para construir dos tramos: San Roque-Cosquín y Cosquín-Casa Grande, que comprende 21,6 kilómetros. De todos modos, el Gobierno provincial debe consensuar con los ambientalistas una nueva traza para no afectar los bosques nativos que existen al este de la ruta 38. Reunión. Alberto Fernández, con la CAF, en noviembre. (Frente de Todos) Obra. La autovía 38 ya arrancó. Están inaugurados los siete primeros kilómetros, que incluyen el puente sobre el lago San Roque. (Pedro Castillo / Archivo) Reunión. Alberto Fernández, con la CAF, en noviembre. (Frente de Todos)

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Aumento de $4 mil en dos veces para trabajadores privados

El Gobierno nacional dispondrá por decreto un aumento salarial de cuatro mil pesos para todos los trabajadores del sector privado del país que estén en relación de dependencia. Esta suba, que deberán pagar las empresas, se aplicará de manera progresiva: tres mil con el sueldo de enero, que se paga en febrero, a los que se añadirán mil con el sueldo de febrero, que se paga en marzo. Esos cuatro mil en total quedarán incorporados al salario de manera permanente y se tomarán a cuenta de la negociación paritaria 2020. En rigor, el aumento será en mano de 2.490 pesos en febrero y de 3.320 pesos a partir de marzo, porque al aumento debe aplicársele un 17 por ciento de descuento en concepto de cargas patronales. La medida fue explicada anoche por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el decreto que la pone en vigor será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. Moroni fue claro al explicar que no se trata de un bono sino de un aumento salarial dispuesto por decreto, a modo de anticipo del resultado de las negociaciones salariales de cada sector de la economía. El funcionario señaló que la medida apunta a “impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados, los que quedaron más abajo en la escala salarial” y “darles un piso, para que haya más tranquilidad en la negociación paritaria”. El ministro sostuvo que con esta medida 1,3 millones de trabajadores lograrán “recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido durante 2019”, y que esa cantidad de trabajadores representa al 20 por ciento del total. “En las categorías más bajas de los convenios, el incremento real (que supone este aumento) es de entre el 7 y el 20 por ciento”, añadió Moroni y dijo que la medida tendrá un “efecto dinamizador” porque supondrá una inyección de 20 mil millones de pesos sobre la masa salarial. ¿Y los estatales? De este aumento salarial por decreto quedan excluidos los trabajadores del sector público nacional, así como del Régimen de Trabajo Agrario y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Esto fue confirmado por Moroni y así figura en el borrador del decreto que el Gobierno hizo circular ayer por la tarde. Sobre los estatales, Moroni anticipó anoche que tendrán un aumento “similar” que será anunciado “en los primeros días de la semana que viene”, y señaló que este incremento “se está terminando de redactar”. Antes de que circulara la versión preliminar del decreto, el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, resaltó que al gobierno de Alberto Fernández le pidieron específicamente que a los empleados públicos se los contenga “de la misma manera que a los privados”. “Para los estatales tiene que ser del mismo monto que para los privados”, dijo el sindicalista. El borrador del decreto dice que “a través de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario y de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, respectivamente, se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores”. Qué dice el texto “Disponer un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a la suma de tres mil pesos, que regirá desde el mes de enero de 2020 y a partir del mes de febrero de ese año se deberá adicionar a dicho incremento la suma de mil”, dice la redacción preliminar de la medida. El borrador del decreto establece también que este incremento de cuatro mil pesos “no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento un criterio distinto mediante negociación colectiva”. Además, para facilitar el control por parte de los trabajadores y trabajadoras, el aumento “deberá consignarse en el recibo de haberes como un rubro independiente denominado ‘incremento solidario’”. El borrador del decreto también aclara que “cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores y trabajadoras percibirán el incremento en forma proporcional”. Por otra parte, establece que micros, pequeñas y medianas empresas “quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”, con relación al incremento salarial “por el término de tres meses o el menor plazo en que tal incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias”. Para ello, deberán contar con su “Certificado Mipyme” vigente. “De igual exención gozarán las entidades civiles sin fines de lucro”, dice el borrador. Reforma laboral En la conferencia de prensa, Moroni fue consultado sobre si el gobierno de Fernández tiene prevista una reforma laboral: “Reforma laboral tiene un condimento negativo ya por el título. Lo que tradicionalmente se ha llamado reforma laboral en la Argentina, que es disminución de derechos, mayor precarización, no, eso no estamos pensando. Pero hay cosas, hay leyes, sectores que tienen zonas grises, que hoy están entre el trabajo autónomo y el dependiente, a las que tenemos que regularlas”, respondió el funcionario. Relanzan Precios Cuidados El Gobierno nacional define por estas horas un nuevo esquema para el plan Precios Cuidados, lanzado inicialmente por el kirchnerismo y continuado por la gestión de Mauricio Macri. La novedad para esta fase será la incorporación de primeras marcas, confirmaron desde el Ejecutivo. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que para esta etapa “el objetivo es incluir primeras marcas”, ya que la gestión de Cambiemos había excluido a los artículos que más se ven en los centros de compras. Sobre esto último, Cafiero precisó: “El programa va a recomponer la canasta, que contemple no sólo tirar una lista de precios de referencia sino que tengan accesibilidad”. Asimismo, aclaró que los acuerdos serán fijados por cuatro meses. El borrador con el que están trabajando la industria y los supermercados incluye una lista de un poco más de 300 productos frente a los 553 que integraban la última versión del gobierno de Macri. Según fuentes oficiales, el relanzamiento será la semana próxima. La suba por decreto: En detalle Los $ 4.000 son impactados por los descuentos por ley. ¿Quiénes cobran el aumento? Todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado. ¿Es a cuenta de futuros aumentos? Sí. Los cuatro mil pesos serán absorbidos por las futuras negociaciones paritarias. ¿Cómo figurará en el recibo de sueldo? Se consignará como un rubro independiente denominado “incremento solidario”. ¿Quienes no lo cobran? Por ahora, los trabajadores encuadrados en el Régimen de Trabajo Agrario y el personal de casas particulares. El ministro Moroni dijo que se trabajará con estos sectores para sumarlos en breve. Para el caso de los estatales nacionales, habrá un decreto específico la semana que viene. Anuncio. El ministro Moroni informó sobre la suba para los privados. Explicó que no se trata de un bono, sino de un adelanto de paritarias. (Télam)

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Habilitaciones, bacheo, yuyos, taxis y agua en una sola sesión

La del lunes será otra sesión muy cargada en el Concejo Deliberante de Córdoba. Es que el intendente, Martín Llaryora, buscará la aprobación de otro paquete de ordenanzas para seguir apuntalando el inicio de su gestión. En el temario, que hasta última hora de la tarde del viernes aún no estaba del todo definido, se encuentran la segunda lectura del traspaso del servicio de agua potable de la Provincia a la ciudad y tres iniciativas relacionadas con políticas de descentralización. Además, el bloque oficialista buscará darle sanción a la extensión de los contratos de las empresas que realizan tareas de bacheo y desmalezamiento en la ciudad, tras las consecuencias de las últimas lluvias. También hay proyectos relacionados al servicio de taxis y de remises, que tendrían que ver con la extensión de los modelos habilitados para circular. Y una modificación a la normativa de habilitación de locales de espectáculos públicos. Al cierre de esta nota, muchos de esos proyectos aún no habían llegado a manos de los bloques de la oposición, lo que despertó las primeras críticas. Hay que recordar que en la sesión del viernes 27, que duró más de ocho horas, se aprobaron iniciativas que habían llegado la noche anterior y que establecían modificaciones en la ordenanza tarifaria con aumentos en la Contribución sobre Inmuebles, la emergencia económica y financiera, y otros convenios. Sobre el traspaso de la titularidad del agua, la primera lectura se realizó el 20 de diciembre y unos días después fue la audiencia pública. Ahora, se dará sanción definitiva a la ordenanza que aprueba el convenio firmado con la Provincia y que establece el traspaso también del contrato con la empresa Aguas Cordobesas. Concejales opositores intentarán aprobar una iniciativa que obliga al Ejecutivo municipal a renegociar ese contrato. “El contrato vigente sólo genera beneficios para la empresa prestataria del servicio y un prejuicio considerable y continuado para los usuarios”, sostuvo el edil Juan Pablo Quinteros, autor de la iniciativa que fue acompañada por el bloque Córdoba Cambia. Los concejales también pedirán el congelamiento de la tarifa del agua por 180 días. Más proyectos También se tratarán tres proyectos que tienen que ver con la política de descentralización que pretende impulsar Llaryora. Ayer estuvo en el Concejo Guillermo Marianacci, secretario de Participación Ciudadana. Los proyectos modifican el funcionamiento del Presupuesto Participativo, de las Juntas de Participación Vecinal y de los centros vecinales, con el objetivo de “hacer más efectiva la ejecución de obras”. Además, se tratará un proyecto de ordenanza con el objetivo de que todas las habilitaciones –tanto de eventos como de salones y de boliches– deberán pasar por el Concejo Deliberante. Se creará la comisión de espectáculos públicos, que tendrá que elaborar un dictamen vinculante sobre la factibilidad de la habilitación ante cada requerimiento. Por otra parte, llegarán cambios en el marco regulatorio de taxis y de remises (ver aparte). Los concejales también tratarán dos proyectos para extender los contratos de las empresas encargadas del desmalezamiento y del bacheo en la ciudad. El objetivo del Ejecutivo es que las actuales prestatarias de esos servicios continúen seis meses más para atender la situación que se generó tras las últimas lluvias. “Siendo viernes a la noche, los únicos proyectos que tenemos son los de descentralización. En teoría, se van a tratar algunos proyectos de preferencia, el del agua y lo demás se sabe de manera informal”, remarcó Juan Negri, presidente del bloque Córdoba Cambia. “Hay que tratar de no desgastar la relación con la oposición, en la forma en que se manejan hacen que toda la discusión quede trunca, porque no dan tiempo para tratar estos temas”, se quejó. Los cambios en taxis y en remises Unificación normativa. Es un trabajo conjunto con la Justicia de Faltas. Se unifican criterios entre el marco regulatorio y el Código de Convivencia. Será la Secretaría de Movilidad la única que pueda decidir la caducidad de una licencia. Reempadronamiento. Por 120 días, se realizará un reempadronamiento obligatorio para permisionarios, choferes y unidades. Se busca detectar irregularidades. Extensión. Los modelos 2009 que vencían al 31 de diciembre podrán circular hasta agosto. Agencias y gps. Se exigirá el cumplimiento de que todos los taxis y remises estén en una agencia y tengan GPS. Llaryora. El intendente envió un nuevo paquete de ordenanzas al Concejo Deliberante. (P. Castillo/ Archivo)

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Recaudación: en un año, la Provincia perdió más de 22 mil millones de pesos

Los datos de la recaudación siguen dando malas noticias al Gobierno provincial. El pasado diciembre significó el 18 mes consecutivo de baja de los ingresos. El monto total recaudado fue de 20.761 millones de pesos, lo que significó un crecimiento nominal del 41,8 por ciento. Pero si se descuenta la inflación, la recaudación experimentó una caída interanual del siete por ciento, en término reales. Si se toma como referencia diciembre del 2017, es decir antes de la crisis económica y financiera nacional, la caída en términos reales llega al 16,1 por ciento respecto del mes de diciembre del año 2017, un poco más del doble de la caída real observada respecto a 2018. En los últimos 12 meses la caída real de la recaudación provincial acumula una pérdida de 22.620 millones de pesos, equivalente a más de un mes de recaudación. Impuestos Por el lado de los recursos propios, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el de peor desempeño, con una caída real del 12 por ciento, mientras que el impuesto a los Sellos creció al 50 por ciento nominal, implicando una caída real del uno por ciento interanual. En el caso de los patrimoniales, el impuesto Inmobiliario registró una variación nominal del 123 por ciento interanual mientras que el Automotor lo hizo a un ritmo del 110 por ciento. Esto se traduce en un incremento real del 47 por ciento y 38 por ciento, respectivamente. Esta buena performance se explica porque en diciembre de 2018 no había vencimientos de impuestos patrimoniales, a diferencia de 2019 (en diciembre venció la cuota 11 de los impuestos patrimoniales). En el caso de los recursos nacionales se observa una pérdida real del siete por ciento en diciembre. Sin embargo, esto se relativiza como tendencia porque al igual que en noviembre, durante diciembre se recibió la compensación por parte del Gobierno nacional por la eliminación del IVA a los alimentos. Casa de Gobierno (La Voz/Archivo). Casa de Gobierno (La Voz/Archivo). Casa de Gobierno (La Voz/Archivo). panal_1575598938_1578007663.jpg

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Hipotecados con créditos UVA reclaman ser convocados a la mesa de diálogo

Los representantes de más de 70 mil ciudadanos que contrataron hipotecas con créditos UVA reclamaron este jueves ser convocados a una mesa de diálogo que permita discutir "una medida de fondo" para solucionar la situación de las hipotecas indexadas. Así lo informó la agrupación Hipotecados UVA Autoconvocados al señalar en un comunicado que "el Gobierno nacional decidió extender por 30 días el congelamiento de la cuota de los créditos hipotecarios indexados por UVA pero la disposición no alcanza al universo de todos los hipotecados". Canal especial. Todo lo publicado sobre los créditos UVA El colectivo manifestó comprender que "la medida fue dictada en el marco de la emergencia económica", pero advirtió que a la vez "deja de lado a más de 70.000 hipotecados, ya que el tope de 140.000 uvas constituye un techo muy bajo". "Hasta tanto no se disponga una medida de fondo, resoluciones de este tipo solo sirven como medidas de alivio transitorio; reiteramos que el congelamiento debe alcanzar la cuota y el capital y extenderse en el tiempo hasta tanto se disponga una reestructuración de estos créditos que ponga fin a la indexación", afirmó la organización,según detalló Télam. Por lo tanto, señaló: "Rescatamos la medida, pero reclamamos la conformación de una mesa de diálogo que nos incluya, a fin de ir diagramando una salida definitiva de este sistema". "A diferencia de lo que ocurrió con el anterior gobierno, encontramos en esta administración voluntad de diálogo y disposición para ir buscando una salida a esta pesada herencia", destacaron los autoconvocados. Creditos UVA: Hipotecados reclaman ser convocados a mesa de dialogo. El gobierno nacional decidió extender por 30 días el congelamiento de la cuota de los créditos hipotecarios indexados por U.V.A. La... https://t.co/0ltYpGiE1E — @HipotecadosUVA (@hipotecadosuva) January 2, 2020 Y, agregaron: "El presidente Alberto Fernández sostuvo en campaña que, así como en 2003 resolvieron el problema de las hipotecas en dólares, en esta oportunidad también lograrán brindar una solución a las hipotecas indexadas". "En función de esa promesa aguardamos una solución definitiva que lleve adelante una profunda reestructuración de estos créditos", manifestaron, al tiempo que consideraron que "el sistema financiero no puede eludir su responsabilidad y debe asumir los costos de la salida de este sistema". Congelamiento temporal El Banco Central acordó con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación extender durante enero los beneficios para compensar el aumento en las cuotas de los tomadores de créditos hipotecarios ajustables por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). El beneficio -dispuesto en septiembre pasado por un plazo de cuatro meses- tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre, e implica el mantenimiento de la cuota al valor de agosto 2019, precisó la entidad en un comunicado. El Banco Central añadió que "se conformará una comisión para evaluar el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos ajustables por UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor". Pese a esa medida de emergencia, tomadores de crédito manifestaron a La Voz que ya le cobraron la cuota de su casa y el beneficio no se mantuvo. “La cuota de enero me vino con un aumento de más de dos mil pesos, no se mantuvo la cuota de agosto de 2019”, dijo un hipotecado, y añadió: “No sé si es un error del banco efectivamente, quien debería hacerme el reintegro”. Créditos UVA. El sueño de la casa propia (Archivo). Créditos UVA. El sueño de la casa propia (Archivo). Créditos UVA. El sueño de la casa propia (Archivo).

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