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Comienza el receso en la administración pública provincial

Desde este jueves y hasta el próximo 31 de enero, habrá receso en la administración pública provincial. Según se había informado cuando se publicó el decreto, la medida se fundamenta en que en este periodo se observa “una marcada disminución de trámites y gestiones en distintas áreas del Gobierno provincial, esto es, menores niveles de actividad y requerimiento de servicios por parte de los ciudadanos y de los Poderes Legislativo y Judicial de la provincia de Córdoba”. La Provincia remarcó que "un ordenado manejo de los recursos humanos, materiales y energéticos, con miras a la racionalización del gasto público hacen conveniente disponer de este receso administrativo". Se otorgará durante ese tiempo la correspondiente licencia anual ordinaria a los agentes de la administración pública centralizada, “con excepción del personal que resulte necesario afectar a guardias mínimas para el cumplimiento de las tareas consideradas indispensables, en cuyo caso deberán ser autorizados por los titulares de las áreas respectivas”. También se exceptúa del receso a las áreas: Ministerio de Coordinación (Secretaría de Transporte, Dirección de Policía Ambiental y las áreas y el personal que a tal efecto se designen). Ministerio de Salud (agentes comprendidos por las leyes 7625 y 7233 que presten servicios en centros asistenciales). Ministerio de Seguridad (áreas de seguridad y gestión de riesgo climático, catástrofes y protección civil). Fuerza Policial Antinarcotráfico. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Servicio Penitenciario, áreas de asistencia y personal que a tal efecto se designe). Ministerio de la Mujer (las áreas y el personal que a tal efecto se designen). Ministerio de Educación (escuelas de ciclo especial de verano). Ministerio de Finanzas, las siguientes reparticiones: Dirección General de Rentas, Dirección General de Catastro, Dirección de Policía Fiscal, Registro General de la Provincia, Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado y Registro de Constructores de Obras. Secretaría General de la Gobernación (agentes asignados al manejo del Plan de Contingencias y Dirección de Jurisdicción Atención al Ciudadano). Ministerio de Trabajo (las áreas y el personal que a tal efecto se designen). Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar (las áreas y el personal que a tal efecto se designen). Ministerio de Desarrollo Social (las áreas y el personal que a tal efecto se designen). Sistema Único de Atención al Ciudadano de la ciudad de Río Cuarto. Boletín Oficial Electrónico dependiente de Fiscalía de Estado. Centro Cívico. (La Voz / Archivo).

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El Senado abrirá a mediados de enero la discusión de jubilaciones especiales, alquileres y góndolas

El Senado de la Nación retomará su actividad a mediados de enero para abrir la discusión sobre el nuevo régimen de jubilaciones especiales que prepara el Gobierno y dar el aval a las leyes de alquileres y de góndolas, que ya recibieron la aprobación de la cámara de Diputados. Luego de un breve receso, los senadores deberán aprobar también los pliegos de las nuevas autoridades del Banco Central recibidos por la comisión de Acuerdos en los últimos días de diciembre y, según fuentes parlamentarias, no descartan sumar al temario la creación de un Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas, a iniciativa del ministro del área, Agustín Rossi. Diputados busca avanzar en extraordinarias con el nuevo pacto fiscal y jubilaciones especiales El tema central del período de sesiones extraordinarias será la modificación del régimen especial de jubilaciones de personal del Poder Judicial y del cuerpo diplomático, que había sido excluida de la discusión de la ley de Solidaridad Social, y recibirá ahora un tratamiento preferencial. El presidente Alberto Fernández formuló el anuncio en diciembre al asegurar que enviaría "un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (de esas áreas) con el propósito de garantizar la igualdad". Resta definir si el texto, que elabora el equipo de asesores legales del Gobierno, ingresará por la Cámara de Diputados o por el Senado, indicaron fuentes parlamentarias. El senador nacional del PJ Dalmacio Mera dijo que esperan para la primera quincena de enero la nueva propuesta y estimó que el Senado sesionaría el 15 de enero para estudiarla. "A mediados de enero suponemos que el Ejecutivo tendrá ya afinado el proyecto (sobre las jubilaciones de privilegio) y nos convocamos para esa fecha", informó el legislador por Catamarca. Mera valoró además que la modificación de estos regímenes se realice mediante "una reforma especial" porque, advirtió, de lo contrario "se hubiera corrido el riesgo de que después, por impugnarla por inconstitucional se ponga en complicación la medida". Para esa fecha ya habrá retornado al país la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, quien viajó a Cuba para recibir el año junto a su hija Florencia y estará al frente de las sesiones extraordinarias de la Cámara. La ley de Alquileres, que extiende de dos a tres años el plazo de los contratos, y fija un reajuste anual en base a los índices de inflación y salarios, y la ley de Góndolas, que determina que una misma marca no podrá superar el 30 por ciento del espacio en la góndola, serían también parte del temario en extraordinarias, de acuerdo a voceros parlamentarios. Ambos textos ya recibieron la aprobación de la Cámara de Diputados y deberán tener el aval del Senado para convertirse en ley. Los pliegos de las nuevas autoridades del Banco Central que ingresaron a la comisión de Acuerdos el 20 de diciembre deberán ser aprobados por el pleno de la Cámara alta. Se trata de las designaciones de Miguel Ángel Pesce, como presidente del Banco, y de los directores Alberto Zenón Biagosch, Claudio Martín Golonbek, Claudia Berger y Betina Susana Stein. La comisión de Acuerdos también recibió los pliegos del nuevo Síndico adjunto del Banco Central, el contador Waldo Farías, y del Síndico titular de la entidad, el abogado Marcos Moiseeff. Pesce asumió como titular del Banco Central el 10 de diciembre último por decisión del presidente Alberto Fernández, en reemplazo de Guido Sandleris, el último presidente del banco de la gestión de Cambiemos. Senado de la Nación. Cristina Fernández, presidenta de la Cámara alta (Télam/Archivo). Senado de la Nación (La Voz/Archivo).

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Diputados busca avanzar en extraordinarias con el nuevo pacto fiscal y jubilaciones especiales

La Cámara de Diputados buscará debatir, en el marco del período extraordinario de sesiones, el nuevo Consenso Fiscal y la reforma de los regímenes de jubilaciones del Poder Judicial y del servicio exterior de la Nación, aunque no se descarta que se incluyan también otros temas claves para la gestión del gobierno nacional. Fuentes parlamentarias no descartan que se pueda tratar además en otro plenario y en el marco de la prórroga de las sesiones extraordinarias dispuestas por el presidente Alberto Fernández hasta el 29 de febrero de 2020, la creación del Consejo Económico y Social, así como la constitución de un Consejo de Seguridad y las iniciativas del Plan Argentina contra el Hambre. Diputados: este jueves jurarán los reemplazantes de quienes asumen como funcionarios Las fuentes adelantaron que la intención del oficialista Frente de Todos es sesionar en principio el próximo miércoles 22 de enero para convertir en ley el nuevo Consenso Fiscal con las provincias, que ya fue aprobado por el Senado en la última sesión de la Cámara alta. Con esa iniciativa, que el Senado aprobó el 20 de diciembre pasado y que pone un freno a la baja de Ingresos Brutos e impuestos distorsivos hasta el 31 de diciembre de 2020, el Estado nacional prevé un alivio fiscal de sesenta mil millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre otros impuestos que se modifican son a los Sellos, los tributos sobre la nómina salarial, otros tributos específicos, y límites a Ganancias, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Bienes Personales. En tanto, el proyecto de reforma del régimen de jubilaciones del Poder Judicial y del servicio Exterior en el que trabajan varios funcionarios del gobierno nacional podría ser enviado al Congreso en las próximas semanas y de esa manera incluirse también en la sesión del 22 de enero. Según algunas versiones, no se descarta que el Poder Ejecutivo pueda enviar también en el marco del período extraordinario el reperfilamiento de la deuda, aunque la iniciativa está atada a los avances en las negociaciones reservadas entre el gobierno y los acreedores externos. Otra reforma que obtendría luz verde para ser tratado en sesiones extraordinarias es la reforma de la Justicia Federal que anunció Fernández durante la ceremonia de asunción. Una iniciativa que varios de los gobiernos de las últimas décadas quisieron llevar adelante sin éxito, y que busca fusionar a los doce jueces federales con los penales económicos y los de instrucción, con lo que habría más jueces federales y se licuaría así el poder de los doce magistrados actuales. Una vez que finalice el período extraordinario, y de acuerdo a lo anunciado por el propio presidente Fernández, el Congreso debatirá el Presupuesto 2020, que sería enviado por el gobierno en abril o mayo próximo. Si bien la ley de leyes con los gastos y recursos previstos para 2020 había sido enviada por el expresidente Mauricio Macri el 15 de setiembre pasado al Congreso, Fernández anunció la prórroga de la ley actual hasta que se elabore un texto nuevo, que sería enviado entre abril y mayo, al calificar de "falacia" la iniciativa enviada por su antecesor. "Tenemos que resolver el tema del Presupuesto, tenemos que revisar todo", había advertido Fernández, quien añadió que "el presupuesto que hicieron es una falacia, habla de otro país, no es el nuestro, es como si dibujara números. Eso lo estamos estudiando, la gente de economía está trabajando en eso", al anticipar que enviaría un nuevo texto al Parlamento. Diputados. La intención del Frente de Todos es sesionar en principio el próximo miércoles 22 de enero de 2020 (La Voz/Archivo).

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El Gobierno logró un acuerdo con supermercadistas y productores para compensar el retorno del IVA

Tras una intensa negociación, el Gobierno nacional logró este martes sellar un acuerdo con los representantes de las principales cadenas de supermercados y de los sectores productores de alimentos para bajar los precios de los productos que se habían incluido en el programa de eliminación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que quedará sin efecto a partir del miércoles. Las gestiones las encabezó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y según indicaron fuentes oficiales a este medio, el pacto que se alcanzó establece que el porcentaje de IVA de la leche será absorbido por las empresas, con lo cual no habrá cambios en el precio para los consumidores. Alberto Fernández cuestionó a los supermercadistas: "No puede ser que haya que llevarlos a latigazos" “El resto de los sectores también acordó absorber un 14% del tributo para minimizar el traslado del IVA a partir del primero de enero. De esa manera, productores y supermercados absorberán dos tercios del impuesto”, explicaron en la Casa Rosada. Ahora, el Gobierno nacional abrirá una mesa de negociación para discutir con los representantes del sector productivo el futuro de los aumentos de precios. Además, se recordó que en los próximos días estará disponible la reducción del IVA para los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, la AUH y los jubilados que perciban el haber mínimo y que se relanzará el programa Precios Cuidados que volverá a incluir productos de primeras marcas para transformarse así en un sistema de precios de referencia. Según el acuerdo, el traslado de IVA a precios será el siguiente: Leche fluida 0% Pan artesanal de panadería flauta 5% Yogurt firme y sachet, entero y descremado 7% Arroz largo fino, parboil, cuatro ceros y cinco ceros 7% Azúcar 7% Pan lactal blanco en todas sus presentaciones 7% Polenta 7% Conservas de vegetales incluidos tomates en todas sus presentaciones 7% Harinas triple cero, cuatro cero y leudante 7% Yerba con palo y sin palo 7% Mate cocido y té sin ensobrado 7% Huevos 7% Aceites mezcla y girasol 9% Pan rallado y reboza dores 10,5% Negociación. El Gobierno acordó con supermercadistas (La Voz/Archivo). Negociación. El Gobierno acordó con supermercadistas (La Voz/Archivo). Negociación. El Gobierno acordó con supermercadistas (La Voz/Archivo).

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El Suoem alertó de que peligra la suba salarial automática

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) denunció ayer que “no está asegurado” el pago del aumento con cláusula gatillo, según informaron funcionarios del intendente Martín Llaryora. La preocupación por el pago de los dos últimos tramos del aumento salarial de 2019 que se ajustan por inflación (y que estaban acordados con la anterior gestión) creció ayer en el Suoem, luego de que empleados identificaron movimientos administrativos que, señalaron, no eran habituales. Fue tal el desconcierto que el gremio pidió una reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal para informarse sobre el tema, relegando la pelea por la nueva ordenanza de emergencia. La discusión por los salarios es lo “esencial en este momento”, dijo ayer la secretaria general del Suoem, Beatriz Biolatto, tras la asamblea de delegados en la sede sindical, ayer por la mañana. Por la tarde, luego de una reunión con funcionarios llaryoristas, Biolatto fue contundente: “No está nada asegurado. El jueves nos volvemos a reunir”. El viernes pasado, según fuentes cercanas a la carga de datos administrativos, el índice de la inflación del último mes fue incorporado a la planilla salarial, que es un paso previo administrativo para la final efectivización del pago a los municipales. Sin embargo, al día siguiente ese dato desapareció, según afirmó un agente municipal que viralizó la información entre los delegados. Esta situación puso en alerta al gremio, que ya tenía programada una asamblea de delegados ayer por la mañana para tratar el avance de la ordenanza de emergencia municipal sobre el convenio de los trabajadores del estado capitalino. “Una de las cosas fundamentales, concretamente, es que a nosotros nos faltan cobrar dos tramos de la pauta salarial 2019”, aclaró Biolatto a la salida. En la sede sindical de calle 9 de julio, se celebró una concurrida asamblea que hasta sorprendió a los propios delegados. Allí se cantaron consignas de lucha y hubo estrofas dedicadas al intendente y al viceintendente Daniel Passerini. Durante más de dos horas, los municipales discutieron sobre los “superpoderes” de Llaryora y se mostraron preocupados por tres aspectos que los tocan de cerca. En primer lugar, les preocupa que el Ejecutivo pueda implementar programas de becas, de pasantías y de trabajos comunitarios por un monto equivalente al 15 por ciento de la partida destinada al pago de salarios ejecutada en 2019. Además, que Llaryora quede facultado a impulsar un esquema de pasividad anticipada y de retiros voluntarios. Por otro lado, rechazan la posibilidad de que el intendente pueda otorgar sumas no remunerativas como aumento. Sin comentarios Desde la Municipalidad, y ante la consulta de este diario, un vocero anticipó que “por ahora no se hablará del tema Suoem”. Biolatto: Defenderemos el salario, pero lo vamos a discutir en marzo La secretaria general del Suoem, Beatriz Biolatto, dijo ayer que el gremio está abierto al diálogo con el Ejecutivo municipal y, respecto a la pauta salarial 2020, anticipó que el debate se dará en marzo, aunque reconoció que “el panorama es incierto”. “Lo que se avizora en el futuro es incierto. Vamos a estar a la altura de las circunstancia, vamos a defender el salario, la estabilidad, las fuentes de trabajo. Nos han costado mucho”, aseguró la dirigente. “Yo le he adelantado al Ejecutivo que no vamos a discutir pauta salarial ni en enero ni en febrero. Seguramente, nos sentaremos en marzo, como lo hemos hecho todos los años”, agregó la sindicalista. Biolatto elogió el acuerdo salarial logrado durante la gestión del exintendente Ramón Mestre, una pauta que contempla aumentos bimestrales ajustados a la inflación y que ahora el nuevo gobierno no les reconocería. “Esta pauta de ‘cláusula gatillo’ ha tenido previsibilidad a lo largo de los años, el municipio ha tenido previsibilidad en la recaudación para poder pagar”, dijo. La gremialista agregó que esa discusión se dará en dos meses, pero que ahora la preocupación pasa por cerrar 2019. “En marzo, vamos a hacer un análisis sobre la situación, sobre los salarios, sobre lo que nosotros creemos que debería ser una pauta salarial, y deberíamos desandar ese camino si es con ‘cláusula gatillo’ que a nosotros nos parece que debe ser así”, describió. El jueves 2 de enero, a las 10, los dirigentes del gremio volverán a reunirse por el tema salarial. Luego, a las 14, habrá una asamblea de delegados. En las reparticiones habrá asambleas informativas. Delegados. El Suoem celebró ayer una asamblea y luego marchó al Palacio 6 de julio para protestar. (Pedro Castillo)

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Cómo es la reforma judicial que impulsará Alberto Fernández

Alberto Fernández tiene en la mira a Comodoro Py 2002, el epicentro de la Justicia federal ubicado en el barrio porteño de Retiro, donde se tramitan las causas de mayor impacto político y que tiene contra las cuerdas a la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, están dando las puntadas finales a un ambicioso proyecto para reformar gran parte del sistema federal de justicia. Aunque lo enviará al Congreso después de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo. El proyecto es trabajado por Losardo, con aportes del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. También opina Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia y expresidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Béliz volvió a la función pública de la mano de Fernández, después de haber pegado un portazo en julio de 2004 al dejar el Ministerio de Justicia por diferencias con el entonces presidente Néstor Kirchner. En los 2000, había intentado impulsar la desconcentración de los tribunales de Comodoro Py. Pero no tuvo acompañamiento político. También colabora el exjuez Daniel Rafecas, designado Procurador General (jefe de los fiscales). En sus más de 15 años en Comodoro Py, Rafecas ha tenido causas por delitos de lesa humanidad, los sobornos en el Senado y la denuncia de Alberto Nisman a Cristina Kirchner. La iniciativa tiene dos ejes centrales: la aplicación urgente del nuevo Código Procesal Penal y la puesta en marcha del “sistema acusatorio”, donde la instrucción de la causa pasa a manos de los fiscales (aquí no se necesita una ley). Y en segundo lugar, “desenganchar” a los servicios de Inteligencia de los juzgados. En la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre, el propio Fernández lo había anticipado: “Nunca más una justicia contaminada por servicios, operadores judiciales y procedimientos oscuros”. Otros ejes son: revisión de la figura del “arrepentido” impulsada por el macrismo y del funcionamiento del sistema de “escuchas telefónicas”. Sobre Comodoro Py, el objetivo es transparentar los sorteos y dotar de más recursos para que las causas avancen más rápido. Pero la mirada del proyecto será más amplia, por lo que también habrá novedades sobre el Fuero Contencioso Administrativo, el Penal Económico, Civil y Comercial Federal, los juzgados de familia, y otras áreas. Con la Corte no Losardo se reunió recientemente con los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo fue llevarles tranquilidad. “No vamos a cuestionar a toda la Justicia. Nadie tiene que llevar la mochila de otro”, les dijo la funcionaria. Allí también la ministra les confirmó a Carlos Rosenkrantz, a Elena Highton, a Juan Carlos Maqueda, a Ricardo Lorenzetti y a Horacio Rosatti que no está en carpeta la ampliación del máximo tribunal, según calificadas fuentes judiciales consultadas por este diario. La ministra es muy crítica de las prisiones preventivas y de la denominada “doctrina Irurzún”. “No puede anticiparse una condena. Hubo excesos en los últimos años. Fue un grave error”, dijo la funcionaria en declaraciones a la prensa. Puertas afuera, Losardo estableció un ida y vuelta con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para darles participación en la elaboración del proyecto. “Los cambios los vamos a hacer, pero consensuados”, respondió la funcionaria. Altas fuentes de Casa Rosada señalaron que las líneas directrices del proyecto las elaboró el propio jefe de Estado, un abogado penalista de amplio conocimiento sobre el funcionamiento de la Justicia. “Y la reforma la anunciará él”, agregaron. Pero la propia Losardo reconoció en una entrevista radial que también consulta sobre el proyecto con la vicepresidenta, quien tiene nueve procesamientos (siete por presuntos hechos de corrupción) y embargos por 14 mil millones de pesos. Transparencia Ante la consulta de este diario, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró “totalmente necesaria” una reforma. “Fundamentalmente, para reorganizar y reestructurar la Justicia federal de Comodoro Py. Tiene que apuntar para allá, sino no hay reforma”, respondió. Gil Domínguez no se encuadra entre los especialistas del derecho que adhieren al nuevo gobierno. Y cuestiona con dureza la idea de que Cristina es víctima del lawfare, porque –según dice– no existe tal cosa en la Argentina. Pero coincide con el diagnóstico del Presidente. “La Justicia federal de Comodoro Py y los servicios de Inteligencia generaron un entramado que se aleja de una Justicia independiente”, afirmó. Si bien se negó a dar más detalles sobre el proyecto, Losardo afirmó que la iniciativa tendrá una perspectiva para dar más independencia al Poder Judicial y que los expedientes no se demoren como ahora. En ese camino, las reformas podrían llegar también al Consejo de la Magistratura. Hay una cuestión crucial allí, entiende el Gobierno, que tiene que ver con la selección de magistrados y el control de la disciplina de los jueces. Según Gil Domínguez, el gobierno que se fue dejó como “positivo” la oralidad de los procedimientos, lo que acorta el plazo de tramitación de los procesos, pero la gran demanda de la sociedad hoy es “que se transparenten los juzgados”. Sobre esto último coincide el jurista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Roberto Carlés. “Según estudios de universidades importantes, como la UCA y San Andrés, el 80 por ciento de los argentinos y las argentinas desconfían del Poder Judicial”, dijo. Y señaló que es el poder del Estado el que decide sobre la vida, la libertad, el patrimonio y hasta sobre las familias. “Hemos llegado a una situación muy crítica, debido a muchos problemas, como la utilización de la Justicia con fines políticos, la violación de garantías constitucionales y, además, la relación promiscua entre los servicios de Inteligencia y algunos jueces y fiscales”, sostuvo. Opinión externa Puestos los tribunales de Comodoro Py en el centro de la discusión, Gil Domínguez comentó por dónde podría pasar una eventual reforma. “Una posibilidad es que se amplíe la competencia federal de primera instancia a los jueces penales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se pasaría de tener 12 jueces a 40 y pico”, dijo. A su entender, con este movimiento “se generaría una mayor horizontalidad en la distribución de la competencia”. También propone “agregar un sistema de sorteo de causas que sea digital, automático y transparente, y con control público”. Sobre ese aspecto, la vicepresidenta de la Nación públicamente se ha quejado porque la mayoría de las denuncias en su contra han caído en el juzgado federal del juez Claudio Bonadio, a quien ella ha descalificado en numerosas oportunidades. Corte. Losardo se reunió, días atrás, con los ministros de la Corte Suprema. (Prensa Ministerio de Justicia)

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El Gobierno nacional frenó un aumento de los combustibles de YPF

La petrolera YPF decidió dar marcha atrás y no incrementará sus precios. Según se había anunciado (de fuentes no oficiales) a partir de la medianoche del domingo las naftas iban a subir un 5 por ciento en todo el país. El anuncio había trascendido pasado el mediodía de ayer, pero cerca de las 19 se conoció que no sería llevado a cabo por orden del presidente Alberto Fernández “Lo decidió el Presidente directamente. Instruyó a toda el área económica y de producción. A (Martín) Guzmán y a (Matías) Kulfas para que lo instrumenten. Pero el aumento que se iba a aplicar desde las cero de hoy no se va a efectuar. La decisión de Alberto es que no es el momento de hacerlo ahora”, le dijo una fuente del Gobierno a La Nación. Además, se esperaba como suele ocurrir en estos casos, que las demás petroleras –como Axion o Shell– también movieran sus precios, ya que YPF es la que suele marcar el rumbo de los valores en el surtidor. Impuestos Ayer, una alta fuente de los estacioneros nacionales se mostró sorprendida por la movida de YPF y dijo que ahora espera ver qué pasará el 1° de enero, cuando debería aumentar la carga impositiva (por disposición del gobierno anterior). Naftas. En Córdoba, el litro de súper está cerca de los $60.

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Regímenes especiales: el 3% se lleva casi el 10% del gasto previsional

La polémica se armó: la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva suspendió por el plazo de 180 días la aplicación de la movilidad previsional para jubilados y pensionados nacionales comprendidos en la ley 24.241. En esos seis meses, habrá que proponer otra fórmula de ajuste de haberes de acuerdo con “los principios de solidaridad y redistribución”, según consta en el artículo 55 de la ley. Mientras tanto, los regímenes especiales seguirán actualizándose con la fórmula de movilidad que hoy objeta el ministro de Economía, Martín Guzmán. Es decir, tendrán garantizada una suba del 11,6 en marzo y otra de alrededor del 15 por ciento en junio, cuando al grueso de los jubilados se les dará, por decreto, un monto fijo, lo que termina “achatando” la proporcionalidad en los haberes. Los números que publica la propia Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) son interesantes y visibilizan cómo hay privilegios que se perpetúan. Hay 6.856.463 beneficiarios de Anses, de los cuales sólo 214.475 (es decir, el 3,12 por ciento) pertenecen a un régimen especial. Sin embargo, este grupo se queda con el 9,7 por ciento de todo el gasto en jubilaciones de Anses, dado que tienen un haber que, en promedio, triplica al general, y con sectores que perciben arriba de los 300 mil pesos. El 87 por ciento de los beneficiarios de Anses están jubilados bajo la ley 24.241: 2,35 millones lo hicieron con aportes genuinos y 3,61 millones, bajo moratoria. Los primeros tienen un haber medio de 27.464 pesos; los segundos, de 15.139 pesos. Si bien representan el 87 por ciento de los beneficiarios, se quedan con el 78 por ciento de los recursos. La diferencia, en una traslación simple, va a los que tienen condiciones especiales. Y esta brecha, con la ley de solidaridad, se va a ampliar. Regímenes especiales Un régimen especial supone algunos privilegios respecto del régimen general: menos años de aportes, menos edad para el retiro o un piso de haberes garantizado (en general, el 82 por ciento). Esto se ha dado por la naturaleza riesgosa de la actividad, por haber prestado un servicio a la función pública o por alguna consideración que en algún momento la política tuvo y les concedió. En algunos casos, hacen aportes adicionales durante la vida activa. El grupo más numeroso, con el 71 por ciento del total de especiales, son los docentes no universitarios (decreto 137/2005). Son 152.529 beneficiarios con un haber a diciembre, promedio bruto, de 58.018 pesos, según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social que publica Anses. Se llevan el 59,6 por ciento de los 14.841 millones de pesos que, en diciembre, destinó el organismo previsional al sector de regímenes especiales. Les siguen, en cantidad, los trabajadores de Luz y Fuerza, con el 18 por ciento del total. Acá no están los trabajadores de Epec, que aportan al sistema provincial. Son 39.124 personas con un haber medio de 66.789 pesos brutos. Demandan el 17,6 por ciento del gasto previsional en el segmento. Los investigadores científicos y tecnológicos suman 7.755 beneficiarios, con un haber medio de 110.167 pesos. Aquí están los jubilados del Conicet, Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, Instituto Nacional del Agua, Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Participan con el 5,76 por ciento del gasto previsional especial. Políticos El más polémico es el que comprende a los beneficiarios bajo la ley 24.018, que comprende a toda la clase política. Toda: presidente, vicepresidente y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; vocales de los tribunales Fiscal y de Cuentas de la Nación; legisladores nacionales; ministros, secretarios y hasta subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; los secretarios y los prosecretarios de las cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación, el procurador del Tesoro; y un dato más: toda la casta política de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí están, al jubilarse, quienes fueron intendente y jefe de Gobierno, concejales, secretarios y subsecretarios del Concejo Deliberante; y los secretarios y los subsecretarios del Ejecutivo municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Todos suman hoy 7.334 beneficiarios, con un haber promedio de 233.155 pesos. Representan el 3,4 por ciento de los beneficiarios de regímenes especiales, pero se llevan el 11,2 por ciento de los 14.842 millones de pesos que Anses gasta en el sector. Vale recordar que los jueces no tributan el Impuesto a las Ganancias. La mirada global es peor: son el 0,11 por ciento de los beneficiarios totales de Anses, pero se llevan el 1,1 por ciento de los recursos totales de las jubilaciones. Los docentes universitarios nacionales (ley 26.508) suman 6.555 beneficiarios, con un haber medio de 81.024 pesos y una participación del 3,6 por ciento en el gasto previsional de los regímenes especiales. Los mejor pagos son los jubilados bajo la ley 22.731, de servicio exterior. El haber medio es de 332.599 pesos. Como son pocos –633 beneficiarios–, demandan el 1,5 por ciento del gasto previsional en el sector. En tanto, los jubilados del Yacimiento Carbonífero Río Turbio son 490, con un haber medio de 109.573 pesos. Hay, además, 45.901 jubilados de la Policía y de Servicios Penitenciarios transferidos que también seguirán con la movilidad vigente. Perciben un haber medio de 41.675 pesos. En tanto, hay 627.623 jubilados previos a la ley 24.241, como los guardaparques nacionales o los excombatientes de Malvinas, a quienes también se les mantiene la movilidad. Si estos dos grupos se suman a los 214.475 beneficiarios de regímenes especiales, el 21,8 por ciento de los beneficiarios de Anses quedan fuera de la suspensión de la fórmula. La ley de solidaridad también plantea algunas excepciones, como la Pensión del Adulto Mayor (Puam) y la reparación económica para víctimas de femicidio, que seguirán actualizándose con la fórmula suspendida hasta tanto se determine otra y se aplique (o no) a todo el universo de beneficiarios de Anses. 30_radiografia_jubilados_2019_WEB_1577671641.jpg 30_haber_medio_jubilados_WEB_1577671692.jpg Anses. Vanoli y Fernández trabajan para un nuevo cálculo jubilatorio. (La Voz)

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Caja: Macri no cumplió y en enero la deuda de la Nación llegaría a $ 2.159 millones

Para los próximos días, el gobernador Juan Schiaretti aguarda una convocatoria de diálogo por parte del Gobierno nacional, que incluirá la apertura de una dura negociación. Según los números de la Provincia, con los compromisos firmados que vencen el 20 de enero, la Anses acumularía una deuda con la Caja de Jubilaciones de 2.169 millones de pesos. La deuda aumentó porque la anterior administración del presidente Mauricio Macri se fue del poder sin cumplir los últimos compromisos asumidos. La gestión macrista no pagó la cuota del mes de noviembre (venció el 20 de ese mes) de 477 millones de pesos, ni tampoco hizo frente al desembolso de un pago de 50 millones de pesos, por el última acuerdo firmado el 29 de noviembre pasado, por una diferencia del convenio del período 2018. A esas acreencias hay que sumarle que el 20 de diciembre pasado venció la última cuota de este año (477 millones de pesos) que el nuevo Gobierno nacional tampoco giró a la Provincia. Por otro lado, el próximo 20 de enero vence la primera cuota de 2020 –son 617 millones de pesos– más el primer pago del acuerdo de noviembre pasado (saldo del año 2018), de 538 millones de pesos. Todo eso hace un total de deuda del Estado nacional con el provincial de 2.159 millones de pesos. Los convenios están firmados, pero en el Centro Cívico no tienen la seguridad de que la gestión del presidente Alberto Fernández esté dispuesta a cumplirlos a rajatabla. Ya se sabe que el nuevo titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) es Alejandro Vanoli, un economista muy cercano a Cristina Fernández. Aún no hubo diálogo con el nuevo funcionario nacional. Aunque sí contactos con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de quien ahora depende la Anses. En la era Macri, la seguridad social estaba a cargo de Interior. Convocatoria Como lo anticipó La Voz, en los próximos días, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, tiene previsto convocar a Schiaretti a la primera reunión formal, para tratar cuestiones que involucran a la Nación con Córdoba. El pasado 17 de diciembre, el gobernador pisó por primera vez la Casa Rosada desde que Alberto Fernández se sentó en el sillón presidencial y sólo tuvo un breve diálogo de 10 minutos con el nuevo titular de la cartera política. Si bien De Pedro no tiene bajo su control los fondos previsionales, es el funcionario que maneja toda la relación con las provincias. En el posible encuentro –aún sin fecha– Schiaretti planteará su principal preocupación, en la relación con el Gobierno nacional: el déficit de la Caja de Jubilaciones. En el Centro Cívico repiten que la cuestión del rojo de los sistemas previsionales es de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación, no sólo de Córdoba. Sin embargo, hasta el momento, Schiaretti es uno de los pocos gobernadores que aún no fue recibido por el Presidente ni por el ministro del Interior. Convenios La postura de Schiaretti será pedir que se cumplan los convenios que se firmaron durante la gestión macrista, que le garantizaron a Córdoba que el Gobierno nacional se hace cargo del 75 por ciento de déficit de la Caja de Jubilaciones. Esto no ocurre sólo con Córdoba, también con el resto de las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales. En el Gobierno nacional aún no se escucharon opiniones sobre el planteo que vienen haciendo los gobernadores. Pero, en los últimos días, un peronista cordobés que pasó por varios despachos cercanos al presidencial escuchó de un influyente funcionario albertista una definición preocupante para todos los mandatarios: “No se trata de una cuestión política, los gobernadores deberán entender que la Nación ya no puede hacerse cargo de sus jubilados”. Es probable que la Anses trate de entablar un nuevo diálogo con las provincias. Si se abre una negociación, para los schiarettistas, será para perder fondos, que se aseguraron en el año 2017, con la sanción de la ley 27.260, reglamentada por el decreto 730/18. El año que viene, en el Gobierno provincial prevén un déficit de unos 21 mil millones de pesos para la Caja de Jubilaciones. De ese rojo, si se cumplieran los acuerdos existentes, la Nación debería girar unos 16 mil millones de pesos. La cifra hace fruncir el ceño a cada funcionario nacional que se la menciona. La cuestión política se cuela en la negociación Durante la campaña electoral y luego, cuando se convirtió en presidente electo, Alberto Fernández dejó algunas definiciones sobre el sistema previsional de Córdoba, que alimentaron las dudas en el Centro Cívico. “Vamos a ayudar a Córdoba, porque los jubilados cordobeses merecen cobrar sus haberes, como el resto de los jubilados de todo el país”, afirmó Fernández en una entrevista con La Voz cuando era candidato presidencial. Tras ganar las elecciones y antes de asumir, en sus últimas declaraciones al respecto, Fernández sentenció. “Parece que el Gobierno de Córdoba tiene sus problemas porque no puede pagarles a sus jubilados, pero vamos a ayudar”. Detrás de los números en la negociación por el déficit de la Caja de Jubilaciones, también se cuela la cuestión política. Aunque no lo dirá ahora, Alberto Fernández está convencido de que Juan Schiaretti tenía un acuerdo con Mauricio Macri, motivo por el cual el gobernador se mantuvo al margen de la campaña presidencial. Sin conocer el tenor de los convenios firmados, que incluyen a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, los funcionarios albertistas creen que Schiaretti tuvo un trato preferencial durante el macrismo. Desde la otra vereda, cerca de Schiaretti admiten que la negociación por el sistema previsional será “compleja”. Pero argumentan que incluye al resto de los gobernadores. Además de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son las otras provincias con serias dificultades por el rojo de sus sistemas previsionales. Es un tema que el gobernador de Córdoba viene dialogando con su colegas de la Región Centro. En números: Acreencias $2.159 Millones. Será el total de la deuda de la Anses con la Caja de Córdoba, cuando venza la primera cuota del año 2019 y otro pago comprometido por la gestión del expresidente Mauricio Macri. $21.000 Millones. Es el déficit total previsto por el Gobierno provincial para la Caja de Jubilaciones, para el año que viene. En el Centro Cívico esperan que la Nación gire unos 16 mil millones de pesos. Negociador. El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, negociará con la Anses. Aunque el diálogo político lo encabezará Schiaretti. (Nicolás Bravo/ Archivo)

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Todo lo que sube en 2020: la tregua por 180 días, casi sin efecto en Córdoba

Los seis meses de congelamiento en materia tarifaria tienen poco de tregua para la provincia de Córdoba. Lo único que constituye un horizonte de cero aumento hasta junio de 2020 es el gas. Todos los demás servicios, como el agua, la luz y el transporte, registrarán subas. El capítulo tasas e impuestos es otro segmento que no da respiro al ciudadano. Lo curioso es que la mayoría de las obligaciones por pagar han ajustado casi en línea con el aumento de precios. Y los salarios hace dos años que vienen corriendo de atrás: suben significativamente menos que la inflación. Hay dos incógnitas de peso que, en definitiva, terminarán incidiendo en el listado de los aumentos de 2020. Una es la inflación: a qué ritmo se ajustarán los precios de toda la economía. El pacto social al que está convocando el presidente Alberto Fernández es, para muchos, una declaración de buenas intenciones. El partido de verdad se jugará en las góndolas. Ahí pesan las expectativas de inflación, la urgencia de recuperar márgenes perdidos y la gran incógnita: qué dólar terminarán siguiendo los agentes económicos. El consenso es que, con suerte, la inflación podría moderarse hacia mitad de año y cerrar en un 44 por ciento. Serían 10 puntos menos que este 2019, pero igual es un número alto. El segundo capítulo está en los salarios: si tendrán recuperación real en 2020 o seguirán en caída. Según el índice general de salarios del Indec, en 2017 hubo una suba, punta a punta, del 2,1 por ciento. En 2018 se registró una caída del 12,1 por ciento y a octubre de este año acumula otro 6,3 por ciento de baja. Es probable que terminen el año 10 puntos abajo frente al 54 por ciento de inflación que se proyecta. Lo que sigue es, para lamento ciudadano, un compendio de las principales obligaciones que aumentarán el año que comienza: Gas La suba está suspendida hasta el 30 de junio. El último aumento se aplicó en abril pasado, en tres cuotas mensuales. Para la distribuidora Ecogas, prestadora del servicio en la provincia, fue del 24,7 por ciento: 6,9 por ciento en abril, 9,9 en mayo y 7,9 por ciento en junio. El siguiente aumento correspondía, según el esquema tarifario del exministro Aranguren, en octubre, pero el propio gobierno de Mauricio Macri lo postergó a enero. Ahora, la llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” suspendió los aumentos por 180 días y pidió intervenir el Enargas. En abril de 2016, un usuario residencial promedio (categoría R2-3) pagaba 58 centavos el metro cúbico (m3) de gas, incluyendo impuestos, y a junio de este año fueron 10,36 pesos. No obstante, ese precio representa el 60 por ciento de lo que cuesta el m3 de gas. El resto sigue siendo aportado por el Estado. Electricidad Hasta junio de 2020 no habrá aumentos en los costos de la energía mayorista, es decir, lo que compra Epec y luego distribuye a sus clientes y a las 200 cooperativas que operan en la provincia. Pero el costo de la energía es alrededor de un tercio del total que paga el usuario en la boleta: otro tercio lo cobra Epec por transportar y distribuir esa energía y el tercio restante son tasas e impuestos. Epec no congeló sus tarifas, y cada aumento también tiene incidencia directa en los impuestos. Desde el 1° de enero, como cada tres meses viene haciendo la distribuidora, se ajusta el valor agregado de distribución (VAD), con un impacto en la boleta final del 7,8 por ciento para los residenciales. Para el sector comercial y servicios, será del 8,43 por ciento; grandes consumos, 5,28 por ciento, y cooperativas, 2,83 por ciento. En 2019, la tarifa residencial subió 51,51%, según datos oficiales de la empresa: 12,46 puntos correspondieron a la suba de la energía mayorista y 34,7 puntos, a los costos de Epec. La energía mayorista subió en febrero de 2019; en mayo correspondía otra suba que no se aplicó y no habrá nuevas hasta junio de 2020. Pero sí seguirán los ajustes de Epec. Aguas Cordobesas En Córdoba capital, rige desde enero una tasa del nueve por ciento en el primer semestre, que pasa al 16% en el segundo. Se trata del Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable, que cobrará la Provincia y que destinará a obras de infraestructura que no puede asumir la prestadora del servicio. Adicionalmente, el Ersep aprobó un aumento del agua para Córdoba capital del 14,12%. Por lo tanto, la suba final para el usuario rondará el 23%. Contribuciones municipales En el Presupuesto para 2020 que elaboró la gestión de Ramón Mestre, el aumento era del 41% promedio, sin segmentación por valuación fiscal de las propiedades. A ese aumento Martín Llaryora le agregó ahora otro 29%, ya que el de las alícuotas llegará hasta el 53% Esta vez, habrá segmentación por tipo de propiedades, con un rango de aumento del 41 al 53%. Inmobiliario provincial La Provincia sube 41% las alícuotas para el 67% de los contribuyentes; a otro 30% le actualiza con 44%, y al tres por ciento restante, con el 58%. Siguen las exenciones a sectores vulnerables y habrá un fuerte castigo a los grandes baldíos, con subas del 300 por ciento. El Inmobiliario Rural, en tanto, sube del 46 al 77%, aunque el grueso de lo recaudado irá a un fondo que será para hacer obras específicas para el sector. Bienes Personales Este es el aumento que más sorpresas deparará a los contribuyentes, especialmente a aquellos que suponen no estar alcanzados y que desde 2020 lo estarán, dados los cambios que introdujo la Ley de Solidaridad. Las alícuotas se duplican y deben tributar quienes poseen bienes o inversiones por encima de los dos millones de pesos, excluyendo de ese cálculo la vivienda propia hasta 18 millones de pesos. Así, con un auto y un departamento en alquiler, se deberá tributar el impuesto. Lo mismo si se tienen dólares en efectivo, algo usual entre quienes, por temor, los retiraron de los bancos después de las Paso. ¿Quienes estaban alcanzados? En la megaley de emergencia, la alícuota pasó del 0,25 al 0,5% para bienes de entre dos y tres millones de pesos; de tres millones a 6,5 millones de pesos, se pagan 15 mil pesos más el 0,75 del excedente de tres millones; de 6,5 millones a 18 millones de pesos, se pagan 41.250 pesos más el uno por ciento de lo que exceda de 6,5 millones, y cuando es por arriba de 18 millones de pesos, se pagan 156.250 pesos más el 1,25% del excedente de 18 millones. Si los bienes están en el exterior, la alícuota se duplica. Impuesto Automotor La alícuota de tres por ciento es cobrada en partes iguales por Provincia y municipios, aunque buena parte de estos, en función del Pacto Fiscal, delegaron la tarea de cobranza en la Provincia. Las alícuotas no cambian, pero sí suben las bases imponibles, por la sencilla razón de que los autos, por efecto de la inflación, aumentaron su precio hasta 50%. Ergo, en esa sintonía subirán los cedulones. IVA A partir del 1° de enero se restituye la alícuota del IVA que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el 16 de agosto a 13 rubros de productos básicos de la canasta familiar, en el marco de un paquete de medidas que apuntaban a revertir el resultado electoral de las Paso. Productos como yerba, arroz, harinas, azúcar, aceite, pastas secas, pan y leche fluida, entre otros, deberían subir 21%, aunque el Gobierno intenta que el traslado sea menor, vía resignación de márgenes de productores y de comercializadores. En tanto, los beneficiarios de la AUH y jubilados con la mínima tendrán reintegro de IVA hasta un tope de, según trascendidos, 700 pesos mensuales. La versión es que se reflotaría el reintegro de 15 puntos de los 21 que carga el IVA, un plan que instrumentó Macri con alcance acotado, hasta que fue suspendido. Transporte El congelamiento de tarifas en el transporte que dispuso la Nación también por 180 días tiene alcance sólo en las áreas donde la Nación tiene jurisdicción: trenes de carga y de pasajeros, colectivos que van de la Capital Federal a la provincia de Buenos Aires y viceversa, y las líneas nacionales. Por lo tanto, los colectivos que recorren la provincia de Córdoba seguirán con aumentos, al igual que los urbanos. Tanto la Provincia como los municipios esperan definiciones de la Nación en cuanto a subsidios: en principio, se repite para 2020 la partida de cinco mil millones de pesos, sin actualización, pero sí habrá aumentos sobre el Fondo de Contingencia, que en 2019 fue de 1.500 millones de pesos. Para eso se tendrán en cuenta salarios del sector, combustibles y valor de reposición de las unidades. Se cree que la Nación restablecerá subsidios directos a los sueldos de los choferes y hasta se especula con una porción para los combustibles. Urbanos La Fetap, entidad que agrupa al transporte, pidió llevar el boleto en la ciudad de Córdoba a 42 pesos. En septiembre, el boleto había aumentado 14 por ciento y se fue a 31,90 pesos, cuando el estudio de costos arrojaba ya por entonces 35 pesos. Ahora, la minuta arroja 42,65 pesos y las empresas esperan definiciones del equipo del intendente Martín Llaryora. Pero hay un apremio: el 17 de enero deben pagar un 13,5% de aumento por el ajuste salarial del último trimestre. Si no hay subsidios ni aumento de tarifa, los empresarios alertan que no están en condiciones de hacerlo. Interurbanos El gremio acaba de lograr un aumento del 25%, dividido en dos tramos, en enero y en febrero. Para cuando haya que pagar, los empresarios alegan lo mismo que en los circuitos urbanos: sin subsidio y sin tarifa, no pueden abonar. Trascendió que a mediados de enero la Provincia podría conceder un aumento del 20% en la tarifa. El problema es que este sector, ya sin asistencia de los estados, no resuelve sus costos con más tarifa, que, además, provocará una mayor caída de la demanda. El último aumento fue del 20,28% desde junio pasado y otro 10% en julio. Monotributo A partir del 1° de enero, se actualizan 51,1% las escalas que determinan en qué categoría está cada contribuyente, y en la misma magnitud sube el monto de la cuota por mantenerse en la misma categoría. De esta manera, un contribuyente prestador de servicios que estaba en la categoría D pasa de una facturación de 414.383 pesos anuales a 626.217 por año; y la cuota aumenta de 1.950 a 2.947 pesos. Muchos, al aumentarse las escalas de facturación, bajarán de categoría, con lo que es probable que paguen lo mismo en una categoría más baja con aumento que en una más alta a valores de 2019. Bolsillos exhaustos Servicios públicos. Con excepción del gas, tanto el agua como la electricidad ya tienen aumentos o, en su defecto, pedidos de subas para el año próximo. En el caso de la energía eléctrica, si bien el precio mayorista al que compra Epec está congelado por la Nación hasta junio, la empresa estatal traslada a las facturas los costos de la distribución. Desde el 1° de enero, la suba en la boleta final será del 7,8 por ciento para los residenciales. Para el sector comercial y servicios, será del 8,43%. En tanto, la boleta de Aguas Cordobesas tendrá un alza del 23 por ciento, fruto del impacto de la suba del 14,12 por ciento más otro nueve por ciento que le aportará el nuevo fondo creado por la Provincia. Impuestos y tasas. La Provincia aplicó para 2020 un alza del 41 por ciento en el Inmobiliario para el 67 por ciento de los contribuyentes. Otro 30 por ciento tendrá una actualización del 44 por ciento, mientras que al tres por ciento restante la suba será mayor: 58 por ciento. El Inmobiliario Rural, en tanto, sube de manera escalonada del 46 al 77 por ciento. En el plano municipal capitalino, el intendente Martín Llaryora modificó hacia arriba las tasas que había fijado Ramón Mestre en el Presupuesto. Aprobado el viernes en el Concejo, el Inmobilario se incrementará, en promedio, el 48 por ciento, aunque habrá vecinos que pagarán hasta 53 por ciento más que en 2019. Más tributos. Con el arranque del nuevo año, la semana próxima traerá la restitución de la alícuota del IVA a 13 rubros de la canasta básica que había sido quitada por el gobierno de Mauricio Macri. La yerba, el arroz, las harinas, el azúcar, el aceite, las pastas secas, el pan y la leche fluida, entre otros, deberían volver a tributar el 21 por ciento, lo que tendrá impacto en los precios. De todas maneras, el Gobierno negocia con las alimentarias para que el traslado sea menor. En tanto, Bienes Personales es otro impuesto que tendrá un fuerte impacto. Las alícuotas se duplican, ya que vuelven a valores de 2015. El Gobierno estima recaudar de sectores de las clases media y alta. DATA_ART_4609230_1577578140.jpg DATA_ART_4609222_1577578140.jpg DATA_ART_4609220_1577578140.jpg Boletos. Se vienen subas. DATA_ART_4609220_1577578140.jpg DATA_ART_4609222_1577578140.jpg DATA_ART_4609230_1577578140.jpg

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